REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

ción de ulterior expediente, será de aplicación la normativa expuesta,
pudiendo llegarse a resoluciones que exijan las cantidades impagadas
incrementadas en porcentajes que resulten de multiplicar el señalado anteriormente
por el número de expedientes que el instituto hubiere tenido que
incoar por la causa prevista en el artículo 10.1.a) de la Ley 26/1999 (20%
en caso de un segundo expediente, 30% en caso de un tercer expediente y
así sucesivamente).
Por último señalar que el último párrafo del artículo 142 del Decreto
no es de aplicación, por establecer la necesidad de la previa consignación
del importe de la deuda y del recargo para poder recurrir la resolución de
lanzamiento, siguiendo el antiguo principio «solve et repete», cuyo desajuste
constitucional, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva,
consagrado en el artículo 24 de nuestra Carta Magna ha sido declarado,
por diversas Sentencias del Tribunal Constitucional 33
2.6. LA ENTRADA EN EL DOMICILIO EN LOS DESAHUCIOS ADMINISTRATIVOS
El privilegio de la autotutela administrativa tiene dos de sus más
relevantes manifestaciones en los principios de ejecutividad o ejecutoriedad
y ejecución forzosa de los actos administrativos, esto es, la potestad
de la Administración de ejecutar sus propios actos e incluso, de proceder
a la ejecución forzosa de los mismos, cuestión que adquiere una
especial significación en el caso de los desahucios administrativos,
como un medio a través del cual la propia Administración procede al
lanzamiento de aquellos que sin título bastante ocupan bienes patrimoniales
o de dominio público, habida cuenta de que, en estos supuestos,
el cumplimiento forzoso del acto exige necesariamente la entrada en la
vivienda, incidiendo, por tanto, de forma directa en el derecho fundamental
a la inviolabilidad del domicilio que contempla el art. 18.2 de la
Constitución.
El artículo 96.3 de la Ley 30/1992 afirma que si, para la ejecución
forzosa de los actos administrativos, fuera necesario entrar en el domicilio
del afectado, las Administraciones Públicas deberán obtener el
consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización
judicial.
33 Véase STC nº 141/1988 de 12 de julio (f.j.9º).
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