REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

lesión antijurídica sufrida por el afectado y que éste no tiene el
deber jurídico de soportar, por lo que la antijuridicidad desaparece
cuando concurre una causa justificativa que legitime el perjuicio,
un título que imponga al administrado la obligación de soportar
la carga»
La falta del elemento de la antijuridicidad hace que se considere que
no existe responsabilidad patrimonial en aquellos supuestos en los que se
sufren daños que son inherentes a operaciones quirúrgicas de alto riesgo,
en las que nunca está asegurado un resultado positivo, o en supuestos de
vacunaciones obligatorias.
El criterio básico utilizado por la jurisprudencia contencioso administrativa
para determinar la existencia o no de responsabilidad patrimonial
de la administración sanitaria, es el de la «lex artis ad hoc», y ello ante la
inexistencia de criterios normativos que puedan servir para determinar
cuándo el funcionamiento de los servicios públicos sanitarios ha sido
correcto 14 .
La existencia de este criterio se funda en el principio básico sustentado
por la Jurisprudencia de que la obligación del profesional de la medicina,
es de medios, no de resultados, en el sentido de que debe prestar, dentro
de su libertad terapéutica, al paciente, el cuidado correspondiente a su
enfermedad, y ello por la propia naturaleza de la medicina que, lejos de ser
una ciencia exacta, está sometida a eventualidades y contingencias que no
permiten asegurar el éxito del acto médico practicado (Dictamen del Consejo
de Estado núm. 2108/95, de 5 de octubre de 1995 y núm. 3754/00, de
1 de febrero de 2001).
Esta obligación de medios o de actividad del profesional sanitario se
descompone en tres obligaciones:
1) Utilizar cuantos remedios conozca la ciencia médica y estén a disposición
del profesional en el lugar y en el momento en que se produce
la asistencia.
2) Informar al paciente del diagnóstico, pronóstico, medios de curación
y riesgos previsibles.
3) Continuar el tratamiento hasta que sea posible dar el alta, informando
de los posibles riesgos del abandono voluntario del tratamiento.
14 Sentencias del Tribunal Supremo de 10-11-94, 11 y 25-02-95, 13-12-97, 10-02-98
y 11-05-99, entre otras.
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