REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

a) Ante la posible comisión de un ilícito penal (delito o falta), por
parte de un profesional sanitario dependiente de un centro sanitario
privado, o perteneciente a un centro dependiente de los servicios de
la Seguridad Social, estatales o autonómicos, o de entidades, servicios
u organismos del Sistema Nacional de Salud, o de centros sanitarios
concertados con ella, habrá que acudir siempre a la Jurisdicción
penal ventilándose allí también, si el perjudicado así lo eligiere
y si se hubieren irrogado daños, las responsabilidades directas o
subsidiarias, que correspondan sean de, un particular, de la Administración
o de un ente público.
b) Ante la actuación deficiente de un profesional sanitario que actúe
de modo particular o dependiente de un centro sanitario privado, y
salvo que se deduzca responsabilidad penal, habrá que acudir a la
jurisdicción civil.
c) Ante la actuación de un profesional de la sanidad dependiente de
los servicios de la Seguridad Social, estatales o autonómicos, o de
entidades, servicios u organismos del Sistema Nacional de Salud,
o de centros sanitarios concertados con ella, el particular podrá
exigir responsabilidad directa a la Administración y, en caso de
disconformidad, iniciar un procedimiento por vía contenciosoadministrativa.
Posteriormente, la responsabilidad patrimonial
particular de los profesionales sanitarios al servicio de las Administraciones
públicas se les será exigida de oficio, por parte de la
Administración, mediante el procedimiento actualmente establecido
al efecto en el art. 145 de la Ley 30/92 que prescribe la obligatoriedad
de la Administración de exigir de oficio a sus autoridades
y demás personal a su servicio, la responsabilidad en que hubieran
incurrido.
No obstante, es posible que la reclamación de responsabilidad patrimonial
se dirija no sólo contra la Administración, sino también contra un
particular, que puede ser el médico que realiza materialmente la actividad
causante del daño o contra la compañía aseguradora que garantiza los riesgos
del propio médico, o del centro u hospital en el que se produjo la
actuación médica.
La solución menos razonable sería que las reclamaciones se formulasen
ante distintos órdenes jurisdiccionales con posibilidad de pronunciamientos
diferentes, e incluso contradictorios; por ello se hace necesario
proceder a la acumulación de las reclamaciones para su tramitación conjunta.
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