REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

3685/99, de 9 de marzo de 2000; 1619/00, de 22 de junio de 2000, entre
otros).
La Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28 de noviembre de 1998,
después de hacer referencia a que, por lo general, cualquier acaecimiento
lesivo nunca es el efecto de una sola causa sino que suele aparecer como
el resultado de un complejo de hechos y condiciones, dice que «se reduce
el problema a fijar entonces qué hecho o condición puede ser considerado
como relevante por sí mismo para producir el resultado final, y la doctrina
administrativa, tratando de definir qué será relación causal a los
efectos de apreciar la existencia, o no, de responsabilidad patrimonial de
las Administraciones Públicas, se inclina por la tesis de la causalidad adecuada
que consiste en determinar si la concurrencia del daño era de esperar
en la esfera del curso normal de los acontecimientos, o si, por el contrario,
queda fuera de este posible cálculo, de tal forma que sólo en el primer
caso, si el resultado se corresponde con la actuación que la originó,
es adecuado a ésta, se encuentra en relación causal con ella y sirve como
fundamento del deber de indemnizar».
En virtud de esta teoría de la causalidad adecuada, no todos los acontecimientos
que preceden al acto médico tienen la misma relevancia. El daño debe
tener su causa directa, inmediata y exclusiva en el acto reprochable (Sentencias
del T. Supremo de 13-10-98, 28-11-98, 9-03-99 y 11-05-99, entre otras).
Si bien esta nota de exclusividad ha sido suavizada tanto, por el Consejo
de Estado como por algún sector doctrinal que advierte de los riesgos de
concepciones restrictivas que asocien el nexo de causalidad sólo con el factor
que reúne la condición eficiente, preponderante, socialmente adecuada
o exclusiva para producir el resultado dañoso, que irían en contra del carácter
objetivo de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.
Por ello el nexo causal puede romperse en los siguientes supuestos, a saber:
a) en el caso de fuerza mayor, b) por el comportamiento de la víctima y c)
por intervención de tercero, ya sea Administración Pública o particulares.
El carácter objetivo de la responsabilidad impone que la prueba de la
concurrencia de supuestos de fuerza mayor o de circunstancias demostrativas
de la existencia de dolo o negligencias de la víctima suficientes para
romper el nexo causal corresponde a la Administración.
a) Fuerza mayor:
El artículo 139.1 de la Ley 30/1992, en correlación con el artículo
106.2 de la Constitución, excluye la responsabilidad patrimonial cuando el
daño se derive de fuerza mayor.
179