REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

asistencia sanitaria recibida. En este sentido podemos citar la sentencia
dictada por Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional
de fecha 21-11-02, que en relación con una reclamación de responsabilidad
patrimonial contra el Ministerio de Defensa (ISFAS), por el fallecimiento
de una beneficiaria, supuestamente como consecuencia de la
deficiente asistencia sanitaria que le fue prestada en un Consultorio del
ISFAS, desestima el recurso interpuesto «al no resultar acreditada la
infracción de la «lex artis ad hoc»
La consecuencia de lo expuesto, es que la responsabilidad patrimonial
de la Administración sólo surge cuando hay una determinada relación de
causalidad entre la actividad y el resultado dañoso y se haya producido por
parte de la Administración o del personal sanitario a su servicio, una
infracción de la «lex artis» que exigía que, en el caso concreto, se hubiera
actuado de un modo diferente a como se hizo. Así pues a la Administración
sanitaria no se le puede exigir un resultado positivo en todos los
supuestos de actuación dado el carácter contingente de la actividad sanitaria,
sino que despliegue los medios a su alcance para que la asistencia que
se preste a los usuarios del Sistema Nacional de Salud sea la más adecuada
a las circunstancias del caso y siempre dentro de los márgenes marcados
por la «lex artis». Así el criterio de la «lex artis» funciona como límite
del ejercicio de la responsabilidad patrimonial de la Administración
sanitaria y sirve para poner freno a los excesos que resultarían de una aplicación
rigurosa del carácter objetivo de dicha responsabilidad.
Uno de los elementos del concepto de «lex artis» es el consentimiento
informado 16 , habiendo sido calificado por la Doctrina como un pilar básico
esencial en el que ha de desenvolverse la actividad médica, «en virtud
del cuál, el sujeto capaz recibe del sanitario información bastante en términos
comprensibles que le capacita para participar voluntaria, consciente
y activamente en la adopción de las decisiones respecto al diagnóstico y
tratamiento de su enfermedad 17 .
La regulación del consentimiento informado parte del artículo 10.5 de
la Ley 14/1986, de 23 de abril, General de Sanidad, que contempla entre
los derechos del paciento el que «Se le dé, en términos comprensibles, a él
y a sus familiares, información completa y continuada, verbal y escrita,
sobre sus proceso, incluyendo diagnóstico y alternativas de tratamien-
16 Sentencias Tribunal Supremo de 25-04-94 y 24-05-95.
17 Martínez-Pereda Rodríguez, J.M. citado por Requero Ibáñez, J.L., en «El consentimiento
informado y la responsabilidad de las Administraciones Públicas» Actualidad administrativa,
nº 31.
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