REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

solida ya «la formación de un completo sistema —inicialmente sobre la
parte general del contrato de obra pública— caracterizado, en sus líneas
fundamentales, por la existencia de fuertes singularidades, basadas ante
todo en la idea del contrato de adhesión (libertad de pactos sometida al
principio de legalidad: pliegos, Derecho necesario y Derecho dispositivo)
y en segundo lugar en las prerrogativas de la Administración fundadas en
la consecución del interés público —dirección del contrato e interpretación,
modificación y resolución de éste—, aunque contrapesadas por la
idea de la equivalencia económica y las correlativas garantías y técnicas en
defensa de la posición del contratista —modulación del principio de ejecución
a riesgo y ventura, técnicas de equilibrio contractual, revisión de
precios, factum principis, facultad de resolución por suspensión o incumplimiento
imputable a la Administración, etcétera—» [dictamen del Consejo
de Estado 514/2006, apartado III.B) de las consideraciones, segundo
párrafo].
Sin embargo, esta segunda etapa, a partir de las exigencias impuestas
por el Derecho comunitario —sobre todo, aunque no únicamente, en lo
relativo al ámbito de aplicación de las normas públicas sobre adjudicación
y la exigencia de sujetar a todos los poderes adjudicadores— venía resultando
cada vez más insuficiente, ya bajo la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (Ley 13/1995, de 18 de mayo). En especial, la manera
de introducir las normas del Derecho comunitario había tenido lugar
mediante una técnica normativa defectuosa, basada en sucesivas y parciales
extensiones, en el artículo 2 y en la disposición adicional sexta del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
[TRLCAP] (aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio), a determinados sujetos, singularmente a las entidades de Derecho
público vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas y a las
sociedades y fundaciones públicas.
El proyecto de ley «pretende un nuevo enfoque en la legislación de
contratos públicos, que, poniendo término al sistema de sucesivas extensiones
impuestas por las exigencias comunitarias, construya desde el principio
el sistema de reglas jurídico-públicas partiendo de una perspectiva
amplia» [dictamen 514/2006, apartado III.B), quinto párrafo]. Ello le lleva
a construir un ámbito de aplicación subjetivo amplio (artículo 3), y al
mismo tiempo enlazado con un criterio funcional, tal y como exige el
Derecho comunitario (artículo 3.3 del proyecto relativo a los poderes adjudicadores
y artículo 13 relativo a contratos sujetos a regulación armonizada).
Este criterio funcional no hace sino recoger la norma del artículo 1.9
de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31
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