REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

acto ha sido dictado por la Autoridad competente en el ejercicio de las funciones
que le son propias, si se ha seguido el procedimiento legalmente
establecido con escrupulosa observancia de los derechos que asisten al
interesado en el desarrollo del mismo, que éste último es el titular del
domicilio para cuya entrada se solicita la autorización, que la ejecución del
acto sea necesaria para alcanzar el fin perseguido y, en definitiva, que no
se produzcan más limitaciones que las estrictamente necesarias para la ejecución
del acto o resolución, pues, como señala el artículo 100.2 de la Ley
30/1992, en los casos en que proceda la ejecución forzosa, por medio de
la compulsión sobre las personas, la misma deberá efectuarse «... dentro
siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en
la Constitución».
Así, la atribución que el art. 91.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
encomienda al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, no contempla,
en ningún caso, un pronunciamiento sobre el fondo del acto, sino
que se trata de una función de fiscalización sobre la legalidad del mismo,
pero, como ha señalado la Sentencia del Tribunal Constitucional 76/1992,
de 14 de mayo, esta misión de control en ningún modo puede interferir la
potestad exclusiva de juzgar y ejecutar lo juzgado que corresponde a los
Tribunales Contencioso-Administrativos respecto a los actos administrativos
y que se extiende no sólo a la revisión de la legalidad de estos actos,
sino también a la ejecutividad y, en su caso, a la suspensión 34 .
Podemos concluir afirmando, que la garantía judicial que contempla el
artículo 91.2 de la L.O.P.J., aparece configurada como un mecanismo de
orden preventivo destinado a proteger el derecho y no a reparar su violación
cuando esta se produzca, por tanto, se trata de encomendar a un órgano jurisdiccional
que realice una ponderación previa de intereses, antes de que se
produzca cualquier entrada y como condición ineludible para realizar ésta,
en ausencia del consentimiento del titular (STC 160/1991, de 18 de julio).
2.6.2. Resoluciones judiciales que implican la entrada en domicilio
Distinto del anterior es el supuesto de que un Tribunal haya dictado
resolución judicial cuyo cumplimiento implique la entrada en el domicilio
de un particular. Así, reconduciendo esta cuestión al tema que nos ocupa,
34 Esta doctrina se contiene en la actualidad en la jurisprudencia más reciente, siendo
relevante el pronunciamiento contenido en la STC, Sala Primera, Sentencia 139/2004 de
13 de septiembre.
255