REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

minar, junto con los principios de legalidad, jerarquía normativa, seguridad
jurídica e interdicción de la arbitrariedad.
2.—Por otro lado, la garantía constitucional del principio de responsabilidad
patrimonial administrativa, se refuerza al configurarse como
«derecho constitucional», de los administrados, como hace, pese a su ubicación
sistemática, el art. 106.2 de la Norma Fundamental, al señalar:
«Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán
derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran, en cualquiera
de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor,
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los
servicios públicos».
Este reconocimiento constitucional de un derecho de resarcimiento de
daños a cargo del Estado se corresponde y complementa con la previsión
contenida en el art. 33.3 de la CE que impone el deber de resarcimiento
por la privación de bienes, derechos o intereses patrimoniales legítimos a
consecuencia de su expropiación forzosa, si bien, la responsabilidad administrativa
tiene un alcance mas general y comprensivo que la indemnización
expropiatoria. Efectivamente, el art. 106.2 consagra en términos
amplios la responsabilidad de la Administración como sistema de protección
de los particulares frente a cualquier actuación dañosa proveniente de
los poderes públicos, en virtud del cual, se le confiere el derecho a reclamar
frente a las insuficiencias y defectos de la gestión administrativa.
Tal configuración del principio de responsabilidad responde a la concepción
constitucional de la Administración Pública al servicio de la ciudadanía,
la cual, en virtud del art. 103.1 de la CE ha de servir «con objetividad
los intereses generales», y se encuentra íntimamente ligado con el
principio de legalidad de la actuación administrativa que le impone la obligación
de actuar siempre con «sometimiento pleno a la Ley y al Derecho».
En este sentido, hemos de afirmar que para sujetar al poder público al
imperio de la ley, no bastan los controles judiciales de legalidad, ni tampoco
los controles extrajudiciales de naturaleza política y social. Es preciso,
además que la Administración indemnice y repare los daños que sus
actividades causen a los particulares 5 , de modo que esa responsabilidad se
encuentra también al servicio del principio de legalidad y de la interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos.
5 Leguina Villa: «El fundamento de la responsabilidad de la Administración»
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