REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

de las Fuerzas Armadas, se incoará el correspondiente expediente administrativo
de desahucio, que se ajustará al procedimiento señalado en la
legislación sobre viviendas de protección oficial» 26
C.—Respecto de los pabellones de cargo, el Apartado Quinto.2 de la
Orden DEF/3242/2005 establece que «Transcurrido el plazo de desalojo
con carácter voluntario sin que el titular o quienes con él convivan hubiesen
desalojado el pabellón de cargo, el Invifas incoará el correspondiente
expediente de desahucio que se ajustará al procedimiento administrativo
establecido en la Ley 26/1999, de 9 de julio, para las viviendas militares».
Llegados a este punto, debe hacerse constar que la remisión normativa
al Decreto 2114/1968, que se contiene en los preceptos transcritos en
los puntos A y B, se configura, no obstante, como un mero recurso a un
conjunto de preceptos de naturaleza estrictamente procedimental, sin que
tal acto implique, en modo alguno, que tal llamada responda a que las
viviendas militares sean viviendas de protección oficial o de promoción
pública, ya que, sin perjuicio de lo establecido por la Disposición adicional
segunda.i) de la Ley 26/1999 («Las normas para la enajenación contenidas
en este apartado serán de expresa aplicación en todo caso, excluyéndose,
por tanto, cualquier otro régimen específico al que pudieran
haberse acogido con anterioridad las viviendas militares y demás inmuebles»),
y artículo 24.1 del Real decreto 991/2000, como tiene reconocido
una más que voluminosa jurisprudencia, las viviendas militares no revisten
tal condición 27 .
Visto lo anterior, y teniendo en cuenta las particularidades contenidas
en la Ley 26/1999 y su Reglamento de desarrollo, el artículo 142 del
Decreto 2114/1968, de 24 de julio, establece el procedimiento al que
deben ajustarse los expedientes administrativos de desahucio contemplan-
26 Debe hacerse constar que el artículo 12.4 del Real Decreto 991/2000, con redacción
anterior a la que se acaba de exponer, señala que «La acción para conseguir el desahucio
cuando se produzca alguna de las causas señaladas en los apartados anteriores, y no se
desaloje la vivienda de manera voluntaria en el plazo de un mes desde la notificación del
requerimiento de desalojo, de acuerdo con las normas procesales establecidas en los artículos
38 y 39 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre , se ejercitará por el Instituto para la
Vivienda de las Fuerzas Armadas ante la jurisdicción ordinaria», aunque este precepto
debe entenderse derogado tácitamente por el contenido del artículo 10.4 de la Ley 26/1999,
con la redacción que, por virtud del artículo 62 y de la Ley 24/2001, de Medidas fiscales,
administrativas y del orden social, actualmente tiene.
27 Por todas, Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid nº 225, 226 y 227,
de 16 de marzo, 256 y 257, de 29 de marzo, 317 de 9 de abril, y 318 y 319, de 11 de abril,
413 y 415, de 29 de abril, todas ellas de 2005.
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