REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

co en esta materia, para jueces y magistrados. En definitiva que el principio
de especialidad del procedimiento disciplinario judicial, derivado de su
regulación propia, excluía la aplicación del régimen previsto en la Ley
30/92, y dentro de ella del instituto de la caducidad, que no estaba previsto
en la regulación específica de la LOPJ.
d) Para los magistrados discrepantes la regulación de la Ley 30/92 no
es de aplicación supletoria al procedimiento disciplinario judicial, considerando
que tanto en su redacción inicial como tras la Ley 4/99, la Ley
30/92 quiso excluir a los procedimientos disciplinarios del régimen general
de los procedimientos administrativos, y sobre todo del régimen legal
aplicable a los procedimientos sancionadores, lo cual es indudable a la
vista del art 127.3 que expresamente excluye las disposiciones del Título
IX (relativo a los principios de la potestad sancionadora y del procedimiento
sancionador) al ejercicio por las Administraciones Públicas de su
potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio.
En este sentido para los magistrados firmantes del voto particular la
Ley 22/93 (que modificó la DA 8ª de la Ley 30/92) no tiene el sentido que
pretende otorgarle la mayoría de la Sala, y además la reforma realizada por
la Ley 4/99 volvió a dejar incólume el criterio fijado en el art 127.3 de la
Ley 30/92, lo que deja claro, a juicio de los magistrados discrepantes de la
mayoría, que para el legislador la pauta seguía siendo que los procedimientos
disciplinarios continúan siendo ajenos a los principios que conforman
los procedimientos sancionadores, lo cual se acentúa aún más si
tenemos en cuenta que (además de los principios) el desarrollo reglamentario
de la Ley 30/92 en materia sancionadora tampoco resultaba aplicable
a los procedimientos disciplinarios, y ello tanto con carácter principal
como supletorio (así el inciso final del art 1.3 del Reglamento para el ejercicio
de la potestad sancionadora aprobado por RD 1398/93 de 4 de agosto
señaló que las disposiciones de ese Reglamento no son de aplicación ni
tienen carácter supletorio respecto del ejercicio por las Administraciones
Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio y
de quienes estén vinculados a ellas por una relación contractual).
Si bien la Ley 22/93 ha declarado la supletoridad a los procedimientos
disciplinarios, entre otros, del Titulo IV de la Ley 30/92, en el cual se
encuentra la regulación de la caducidad, para los magistrados discrepantes
ello no debe conllevar de forma directa la afirmación de que un instituto
tan importante como la caducidad de los procedimientos sancionadores
sea aplicable sin más a los procedimientos disciplinarios, precisamente
cuando éstos son ajenos a los principios y criterios generales reguladores
de los procedimientos sancionadores, como expresamente dispone el art
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