REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

orden jurisdiccional contencioso-administrativo, y cita las Sentencias de
21 de diciembre de 1995 y 4 de julio de 1996, del Tribunal de Conflictos
de Jurisdicción, las sentencias de la Sala de Conflictos de Competencia del
Tribunal Supremo de 7-07-1994, 27-10-1994 y 11-12-1995, y el Informe
del Defensor del Pueblo de 1994.
Esta cuestión vino a clarificarse a raíz de la nueva disposición adicional
duodécima de la Ley 30/1992, en virtud de la reforma operada por la
Ley 4/1999, que, como dice la Exposición de Motivos de la Ley 4/1999,
trata de poner fin a la disparidad de criterios jurisprudenciales sobre el
orden competente para conocer los procesos de responsabilidad cuando el
daño se produce en relación con la asistencia sanitaria pública.
En efecto, tal disposición establece que:
«La responsabilidad patrimonial de las entidades gestoras y Servicios
Comunes de la Seguridad Social, sean estatales o autonómicos, así
como las demás entidades, servicios y organismos del Sistema Nacional
de Salud y de los centros sanitarios concertados con ellas, por los
daños y perjuicios causados por o con ocasión de la asistencia sanitaria,
y las correspondientes reclamaciones, seguirán la tramitación
administrativa prevista en esta Ley, correspondiendo su revisión jurisdiccional
al orden contencioso-administrativo en todo caso».
A clarificar la situación también contribuyó contundentemente la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa,
cuyo art. 2 e) atribuye a dicho orden jurisdiccional: «La responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea la naturaleza
de la actividad o el tipo de relación de la que derive, no pudiendo ser
demandadas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales, civil o social».
Pero, además, este precepto viene respaldado por el art. 9.4 de la Ley
Orgánica del Poder judicial que, con el mayor rango normativo posible,
establece que el orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá
de «Las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio,
cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de la
que derive. Si a la producción del daño hubieran concurrido sujetos privados,
el demandante deducirá también frente a ellos su pretensión ante este
orden jurisdiccional».
Muy en relación con esta cuestión está la posibilidad de que la Administración
sanitaria actúe investida de formas de constitución privadas, en
especial, mediante la creación de fundaciones.
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