REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

Con estos argumentos, la jurisdicción contenciosa-administrativa, hasta el
momento, ha venido desestimando los recursos contenciosos-administrativos
interpuestos contra las resoluciones del Ministro de Defensa en los procedimientos
de responsabilidad patrimonial dirigidos contra el Instituto Social de
las Fuerzas Armadas declarando, en algunos casos, que las pretensiones
indemnizatorias formuladas por los demandantes deben dirigirse contra los
facultativos, Centros privados o Entidades por la vía judicial ordinaria, ya sea
civil o penal, excluyendo por tanto de responsabilidad patrimonial al ISFAS 45 .
VII. CONCLUSIONES
De lo expuesto en el presente estudio podemos concluir que la regulación
del instituto de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
que establecen los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/32, de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, no esta completa,
siendo varias las cuestiones que deberían haber sido contempladas por el
legislador y que en su defecto, han quedado a la discreción tanto de las Administraciones
Públicas, como de los Tribunales de Justicia, sobre todo en lo que
se refiere a los criterios de antijuricidad del daño, a la compatibilidad de las
indemnizaciones reconocidas en concepto de responsabilidad patrimonial
con otras reconocidas por títulos distintos o con prestaciones sociales, a la
determinación de la relación de causalidad o al concepto de fuerza mayor, y
que deberán ser matizadas por el legislador en aras de una mayor seguridad
jurídica, y para que el sistema de responsabilidad patrimonial no termine por
convertirse en un sistema de aseguramiento público universal, de cuyo peligro
ha advertido reiteradamente el Tribunal Supremo al insistir en que la
declaración de responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria
exige siempre un cuidadoso análisis de los hechos y de todas las circunstancias
concurrentes a fin de poder afirmar la relación de causalidad entre la
actuación del personal a su servicio y el resultado producido, lo que no resulta
tarea fácil en un sector como en el de la salud, en cuya estabilidad, restablecimiento
o pérdida confluyen tantos y tan variados factores.
En suma, el sistema de responsabilidad administrativa, con su consagración
constitucional, deviene pieza fundamental de nuestro régimen jurídico-administrativo,
como garantía de los administrados frente a los daños
45 La reciente sentencia del TS de 20-02-07 cambia el criterio de la jurisprudencia
antes citada atribuyendo responsabilidad patrimonial a la Administración en un supuesto de
asistencia sanitaria prestada por una Entidad de Seguro concertada con el ISFAS.
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