REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

Por otra parte, no faltaban partidarios de la atribución al orden jurisdiccional
social de las reclamaciones sobre esta materia, considerando que
al tratarse de una prestación de Seguridad Social, resultaba de aplicación
el art. 2b) de Ley de Procedimiento Laboral que atribuye a dicha jurisdicción
la competencia para conocer de las cuestiones litigiosas que se promuevan
«en materia de Seguridad Social», por lo que se daba cumplimiento
al art. 9.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que determina la
competencia de la jurisdicción social para conocer «de las pretensiones
que se promuevan en la rama social del derecho».
La Sala Especial de Conflictos de Competencia del Tribunal Supremo,
en el Auto de 7 de julio de 1994 y 27 de octubre de 1994, trató de resolver
los conflictos en relación con reclamaciones por responsabilidad médica,
optando por asignar la competencia a la jurisdicción contencioso-administrativa,
si bien, después de haberse pronunciado también, sucesivamente, a
favor de los otros dos órdenes jurisdiccionales en conflicto 39 .
En el marco de la discusión planteada hemos de citar la importante
sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 10 de julio
de 1995 en la que el Alto Tribunal devolvía la competencia, para los asuntos
relacionados con reclamaciones por defectuosa asistencia sanitaria, a la
jurisdicción social, entendiendo que la acción de reclamación, en estos
casos, se funda en la defectuosa prestación de asistencia sanitaria de la
Seguridad Social, no en la responsabilidad patrimonial de la Administración,
si bien esta sentencia tuvo un voto particular formulado por cinco
Magistrados que entendían que la indemnización por asistencia sanitaria
defectuosa no es una prestación de la Seguridad Social.
El problema, pues, continuaba latente. Muchos autores afirmaban que
los cambios recientes de la normativa no trataban de prohibir el cauce
civil, sino que la nueva legislación sólo afirmaba que competía a la jurisdicción
contenciosa conocer las reclamaciones planteadas conjuntamente
contra el médico o el Servicio de Salud correspondiente, o sólo contra éste
último, y que «mientras que la Jurisdicción contencioso-administrativa
continuara siendo revisora y en el contencioso no pueda demandarse a particulares,
la responsabilidad patrimonial debía competer con carácter
general a los Tribunales Civiles» 40 . De todas maneras, Eduardo Gamero
recuerda que el criterio más generalizado era la atribución competencial al
39 A favor de la jurisdicción civil: autos de 23-12-1993, 21-03-1994, 4-04-1994 y 22-
12-1995; a favor de la jurisdicción social: autos de 21-06-1991 y 27-10-1994.
40 Martín Bernal, José Manuel: «Responsabilidad médica y derechos de los pacientes»,
Madrid, 1998.
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