REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

Una segunda consecuencia, también de orden material, es la que afecta
al régimen de ciertos contratos privados de la Administración, los llamados
contratos patrimoniales. Estos contratos encuentran su regulación
actualmente en el artículo 9.1 TRLCAP, último inciso: «Los contratos privados
de las Administraciones públicas se regirán en cuanto a su preparación
y adjudicación, en defecto de normas administrativas específicas, por
la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo y en cuanto a sus efectos
y extinción, por las normas de derecho privado. A los contratos de compraventa,
donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos
análogos sobre bienes inmuebles, propiedades incorporables y valores
negociables se les aplicarán, en primer lugar, en cuanto a su preparación y
adjudicación, las normas de la legislación patrimonial de las correspondientes
Administraciones públicas».
Esta norma se mantenía en las primeras versiones del anteproyecto.
Sin embargo, en las últimas y en el proyecto elevado a las Cortes
Generales figura, como se dijo, la norma relativa a su exclusión [artículo
4.1.p) del proyecto de LCSP] y su remisión a la legislación patrimonial.
Ciertamente se trata de un tema discutible y discutido. Ahora
bien, se quiere poner aquí de relieve que lo que sucede, con la regulación
prevista en el proyecto, es que se pierde una de las «zonas comunes»
a contratos administrativos y privados de las Administraciones
Públicas, cuyo mantenimiento hubiera sido a nuestro juicio conveniente.
Ello es así, en primer lugar, porque la distinción entre contratos administrativos
y contratos privados de la Administración «no es una tarea sencilla,
habida cuenta de la existencia de zonas intermedias o de penumbra
de muy difícil calificación. Se trata, en todo caso, de una tarea de marca-
yecto de LCSP). Como señala el dictamen del Consejo de Estado 514/2006, el nuevo enfoque
de la legislación sobre contratos públicos que supone el proyecto «ha llevado también
a que el aspecto de garantía de los aspectos competitivos de la contratación pública (suficientemente
tutelado en la regulación anterior por recursos administrativos ordinarios y
jurisdicción contencioso-administrativa, en la medida que giraba aún sobre el contrato de
la Administración y la posibilidad del particular de separar sus actos preparatorios y de
adjudicación cuando cayesen bajo la órbita del contrato privado) se regule ahora de forma
novedosa: en paralelo con el enfoque funcional y por cuantías del anteproyecto, la posibilidad
del recurso contra actos preparatorios o de adjudicación de contratos, públicos o privados
por su sujeto adjudicador, pero de tipo y cuantía suficiente para estar sometidos a
reglas jurídico-públicas (las de la ley), se instrumenta ahora mediante un recurso especial
que agota la vía administrativa y la correlativa atribución de competencia para tratar de
estas cuestiones a la jurisdicción contencioso-administrativa» (apartado VI de las consideraciones,
tercer párrafo).
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