REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

En consecuencia, tal y como ha señalado el CICR 72 , el PA I parece exigir
que no se pueden dejar fuera de la columna de los daños civiles colaterales
aquellos daños que se espera se produzcan en relación con personas
o bienes civiles que han sido puestos en peligro por actos ilícitos del
enemigo 73 . De esta manera, si, por ejemplo, las fuerzas de la Coalición
hubieran sido conscientes en 1991 de los numerosos civiles que se encontraban
alojados en el mismo edificio donde estaba situada la instalación de
mando y control del bunker de Al-Firdus, no hubieran tenido más remedio
que tener en cuenta las numerosas muertes de civiles que el ataque a dicha
instalación muy probablemente ocasionaría al decidir sobre su inclusión o
no en la lista de objetivos a atacar 74 .
Existen, sin embargo, ciertos autores que han criticado abiertamente la
idea de atribuir al atacante la responsabilidad por los daños civiles colaterales
producidos como resultado de actos ilícitos del enemigo 75 . En sus
críticas, estos autores subrayan los siguientes problemas. En primer lugar,
72 Y. Sandoz/C. Swinarski/B. Zimmerman/J. Pictet (Coord.), Commentary…, p. 628.
73 Como Y. Sandoz, Comment, en Legal and Ethical Lessons of NATO’s Kosovo Campaign,
A. Wall (Coord.), en International Law Studies, Vol. 78, 2002, p. 276 ha señalado
recientemente, los atacantes no pueden simplemente ignorar el hecho de que civiles está
siendo utilizados como escudos humanos. En este mismo sentido, Human Rights Watch,
Needless Deaths…, p. 34, ha defendido tras la primera guerra del golfo que el uso deliberado
de civiles por la parte defensora para obtener una ventaja militar no autoriza a la parte
atacante a no adoptar las precauciones consuetudinarias que pretenden evitar o al menos
minimizar las bajas civiles. Por su parte, H. P. Gasser, Protection of the Civilian Population,
en The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, Dieter Fleck (Coord.),
Oxford University Press, 1995, pp. 209-292, p. 224, ha afirmado que la presencia de un
soldado en una infraestructura civil no convierte a esta última en un objetivo militar. Por el
contrario, el objetivo militar continúa siendo el soldado mismo y cualquier daño que se
ocasione a la infraestructura civil como resultado de intentar neutralizar al soldado debe ser
incluido en la ecuación de proporcionalidad.
74 En el mismo sentido, W. J. Fenrick, Targeting and Proportionality during the NATO
Bombing Campaign against Yugoslavia, en European Journal of International Law, Vol. 12,
2001, pp. 489 y ss, p. 501.
75 W. H. Parks , Air War…, p. 59, ha sido particularmente crítico con la manera en que
ha evolucionado la responsabilidad por la protección de la población civil, de manera que
de ser una responsabilidad compartida se ha convertido en responsabilidad exclusiva del
atacante. En su opinión, mientras los Convenios de Ginebra recogen un sistema de responsabilidad
compartida debido a la influencia que en los mismos tuvieron personas experimentadas
en la guerra, este enfoque fue desafortunadamente abandonado en las negociaciones
que concluyeron con la aprobación de sus dos protocolos adicionales en 1977. Por
su parte, Y. Disntein, Comment, Legal and Ethical Lessons of NATO’s Kosovo Campaign,
A. Wall (Coord.), en International Law Studies, Vol. 78, 2002, p. 216 ha señalado que una
parte contendiente que protege un objetivo militar con personas civiles es plenamente responsable
por los daños civiles colaterales producidos como resultado del ataque del enemigo
contra dicho objetivo militar.
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