REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

Por conexión con esta materia, cabe señalar aquí que la presencia de
un elemento extranjero, con menor grado de internacionalidad, se aprecia
también en la regulación de los contratos en el extranjero (actual artículo
117 del TRLCAP; que pasa a ser disposición adicional primera del proyecto
de LCSP).
Otro supuesto de exclusión novedoso es el que se refiere a las encomiendas
de gestión, en el artículo 4.1.n): «Los contratos celebrados con
entidades cuyo capital sea en su totalidad de titularidad pública o sobre las
que se ejerza un control análogo al que se ostenta sobre los propios servicios,
y que realicen la parte esencial de su actividad con el ente o entes que
las controlan, así como las encomiendas de gestión que sean de ejecución
obligatoria para la entidad que las recibe de acuerdo con instrucciones fijadas
unilateralmente por quien confiere la encomienda y que se retribuyan
mediante la aplicación de tarifas aprobadas por el sujeto que ostenta su
control, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 24.6. No obstante, la
subcontratación de prestaciones contratadas con las entidades mencionadas
en este apartado, y los contratos que deban celebrarse para la ejecución
de la encomienda quedarán sometidos a esta ley, en los términos que
sean procedentes de acuerdo con la naturaleza de la entidad que los celebre
y el tipo y cuantía de los mismos, y, en todo caso, cuando se trate de
contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías superen los
umbrales establecidos en la sección 2ª del capítulo II de este título preliminar,
las entidades de derecho privado deberán observar para su preparación
y adjudicación las reglas establecidas en los artículos 121.1 y 174».
Un precepto que ha sufrido numerosas redacciones durante la elaboración,
y cuyo estudio por separado corresponde a otra de las ponencias de estas
jornadas.
En fin, un último caso de exclusión que se quiere destacar, y que hoy
no figura como tal en el TRLCAP, es el contenido en el artículo 4.1.p) del
proyecto: «Los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento
y demás negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores
negociables y propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre
programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de suministro
o servicios, que tendrán siempre el carácter de contratos privados y
se regirán por la legislación patrimonial».
Esta previsión en relación con los contratos privados de la Administración
—en rigor, en relación con todos los contratos privados por su
objeto, cualquiera que sea la entidad contratante del sector público— es
significativa ya de un cambio de mucho mayor calado que conlleva el proyecto
de LCSP, y cuya trascendencia se debe señalar. Nos referimos al
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