REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

terios de adjudicación 18 . Como es sabido, la posibilidad de emplear criterios
de este tipo en la contratación pública se enfrenta, fundamentalmente,
a los límites derivados de «la salvaguarda de la libre competencia y la
selección de la oferta económicamente más ventajosa» (artículo 1.1 del
proyecto de LCSP, último inciso) y al designio declarado del Derecho
comunitario de la contratación pública de evitar el riesgo de discriminación
y el relativo a que un poder adjudicador se guíe por consideraciones
que no tengan carácter económico. De otro lado, parece clara la intención
del Derecho comunitario, y de los Derechos de los Estados miembros, de
seguir una línea de apertura limitada a dichos criterios: «La presente
Directiva —dice el considerando 1 de la Directiva 2004/18/CE— está
basada en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular la relativa
a los criterios de adjudicación, que clarifica las posibilidades con que
cuentan los poderes adjudicadores para atender las necesidades de los ciudadanos
afectados, sin excluir el ámbito medioambiental o social, siempre
y cuando dichos criterios estén vinculados al objeto del contrato, no otorguen
al poder adjudicador una libertad de elección ilimitada, estén expresamente
mencionados y se atengan a los principios fundamentales enumerados
en el considerando 2 [principios del Tratado, libertades comunitarias,
igualdad de trato, no discriminación, reconocimiento mutuo,
proporcionalidad, transparencia]».
Pues bien, en este equilibrio, debe tenerse en cuenta ante todo el Derecho
comunitario sobre la materia. El artículo 53.1 de la Directiva
2004/18/CE establece que: «[...] Los criterios en que se basarán los pode-
18 Se alude aquí simplemente al juego de estas características como criterios de adjudicación.
Es diferente el caso de que se prevean como condiciones de ejecución del contrato.
Éstas se admiten en los términos del artículo 26 de la Directiva 2004/18/CE y 102 del
proyecto de LCSP.
Otra distinción todavía más amplia, de la que también se suele partir cuando se aborda
esta materia, es la que se refiere a la necesaria separación entre condiciones de solvencia
de los licitadores –exigibles en la fase de selección– y características técnicas de la oferta
–valorables en fase de adjudicación– (cfr. en este sentido el Informe y conclusiones de la
Comisión de expertos para el estudio y diagnóstico de la situación de la contratación
pública, Subsecretaría de Hacienda, 2004, pp. 145 ss.). Esta diferenciación ha de tenerse
presente desde luego, si bien cabe matizar que la previsión de condiciones de ejecución en
los pliegos (artículo 102 del proyecto de LCSP) despliega su particular eficacia en fase de
ejecución, pero tales condiciones «no pueden consistir en especificaciones técnicas encubiertas,
ni deben referirse tampoco a la comprobación de la aptitud de los licitadores sobre
la base de su capacidad económica, financiera y técnica, o a los criterios de adjudicación»
(Comunicación Interpretativa de la Comisión sobre la legislación comunitaria de contratos
públicos y las posibilidades de integrar aspectos sociales en dichos contratos, de 15 de
octubre de 2001, punto 1.6, subrayado nuestro).
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