REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

Los supuestos a que nos referimos deben distinguirse de aquellos otros
en los que el daño es el resultado de la evolución natural de la enfermedad
sufrida por el usuario de los servicios sanitarios y en los que la naturaleza
y gravedad de la enfermedad sufrida conlleva en sí el fatal desenlace. En
este supuesto hay que partir de que el paciente tienen la obligación de
cumplir, el tratamiento médico y seguir las indicaciones del facultativo,
como resulta del art. 11 de la Ley General de Sanidad. De modo que cómo
sostiene José Guerrero Zaplana 32 , la conducta del paciente de negarse a
cumplir el tratamiento prescrito debe afectar a la relación de causalidad en
el caso de que se sufran daños.
En el caso de que la concurrencia de culpas no llegue al extremo de
romper la relación de causalidad, el Alto Tribunal sostiene que deberá aplicarse
el principio de proporcionalidad entre la conducta de la víctima y el
resultado lesivo, moderando la obligación de indemnizar de la Administración
33 , criterio igualmente seguido por el Consejo de Estado 34 .
c) El nexo causal también puede romperse por la intervención de terceros,
ya sean Administraciones Públicas, ya sean particulares.
En el primer supuesto de responsabilidad concurrente de Administraciones,
se aplica el principio de solidaridad que resulta del art. 140 de la
Ley 30/92.
En el segundo supuesto, en opinión del Consejo de Estado, lo procedente
es la distribución de la responsabilidad y aminorar la cantidad
indemnizatoria exigida a la Administración a título de responsabilidad
patrimonial (Dictamen del Consejo de estado nº 1857/00, de 13-07-00).
En la realidad, en los procedimientos judiciales, el problema de la relación
de causalidad se traduce en un problema de prueba.
En este apartado hemos de significar que corresponde al reclamante la
prueba, no sólo de la utilización del servicio causante del daño y de la realidad
de este último, sino también del titulo de imputación y de la relación
de causalidad 35 , pudiendo emplear para ello todos los medios admisibles
en Derecho.
Por contra, la prueba de la existencia de fuerza mayor u otra exonerante
de la responsabilidad de la Administración corresponde a ésta 36 .
32 «La responsabilidad patrimonial de la Administración...»
33 Sentencias de 27-11-93, 19-11-94, 25-02-95 y 11-07-95.
34 Dictámenes nº 3156/99, de 25-11-99, nº 223/01 de 8-03-01, nº 652/01, de 26-04-01.
35 Sentencia del Tribunal Supremo de 16-10-97, entre otras.
36 Dictamen del Consejo de Estado nº 2894/99, de 14-10-99.
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