REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

ién de carácter estructural— que afectan a las normas procedimentales
de los contratos administrativos, cuestión que pasa a analizarse seguidamente.
IV. En el procedimiento de contratación administrativa es posible
observar, según el proyecto de LCSP, algunas novedades, probablemente
no de gran trascendencia, pero que ponen claramente de relieve esa relación
—a que aludíamos al comienzo— entre Derecho aplicado y nueva
regulación legal. En particular, esa relación se pone de manifiesto en esta
materia, en muchos casos, en el sentido de una permanencia del Derecho
actualmente aplicado y en vigor, a pesar de los cambios que en las grandes
líneas introduce el proyecto de LCSP.
A) Ante todo, existe alguna alteración en la llamada «zona común» de
la contratación administrativa (principios y requisitos de los contratos),
la cual, como se ha dicho, antes era común a contratos administrativos y
privados de la Administración, y ahora —según la concepción del proyecto
de LCSP— es, en algunos puntos, común a todo el sector público y, en
otros, común a los contratos celebrados por la Administración. Con las
indeseables consecuencias de régimen que ello tiene.
Por lo que hace a los principios (actual artículo 11.1 TRLCAP), pienso
que no hay mayor problema. De un lado, estos principios tradicionales
se recogen con carácter general en el artículo 1 del proyecto —antes citado—,
y se reiteran para las Administraciones Públicas en el artículo 123
del proyecto, en materia de adjudicación: «Los órganos de contratación
darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio
y ajustarán su actuación al principio de transparencia». Este último
por primera vez mencionado, como también es novedosa la alusión a
la confidencialidad, en cuanto principio, en el artículo 124.
Sí que puede generar alguna disfunción la regulación de los requisitos
de los contratos. Cabe destacar que la norma del artículo 11.2 TRL-
CAP constituía un avance en esta materia, determinando esa parte mínima
o suelo común de la contratación pública en tanto requisitos de los
contratos:
«Son requisitos para la celebración de los contratos de las Administraciones
públicas, salvo que expresamente se disponga otra cosa
en la presente Ley, los siguientes:
a) La competencia del órgano de contratación.
b) La capacidad del contratista adjudicatario.
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