REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

Considera este Consejo de Estado que la configuración proyectada del
estatuto del presidente de un organismo regulador, al que se le quiere dotar
de estabilidad, permanencia e independencia, no se compadece adecuadamente
ni con el estatuto funcionarial o cuasifuncionarial con que está concebida
la figura del presidente del Comité en la Ley 39/2003, ni es posible
articularla mediante disposición reglamentaria.
En relación con el nombramiento, el artículo 139.2 del Reglamento del
Sector Ferroviario recibe nueva redacción conforme al número 2 del artículo
único del proyecto, previéndose que “el nombramiento del Presidente,
que recaerá igualmente entre funcionarios en activo del Ministerio de
Fomento que pertenezcan a los cuerpos y escalas del Grupo A, será propuesto
por el Ministro de Fomento y acordado por el Consejo de Ministros”.
Sin embargo, el artículo 82.2 de la citada Ley 39/2003, de 17 de
noviembre, establece que “El presidente... será designado por el Ministro
de Fomento”. A juicio de este Consejo, la atribución hecha en el proyecto
al Consejo de Ministros no es posible, toda vez que la competencia para
nombrarlo se atribuye al Ministro de Fomento de manera clara y expresa
en la Ley, sin que pueda articularse una previsión reglamentaria, a modo
de avocación, en favor del referido Consejo.
En relación con el cese del presidente del Comité -al que se le reconocerá
la categoría de Director General según la memoria económica-, la
modificación proyectada limita sus causas, objetivándolas y enumerando
unas, propias de los funcionarios públicos, y otras, de los titulares los organismos
reguladores independientes. Prevé, incluso, que “el expediente que
haya de instruirse para acordar la separación tendrá carácter contradictorio”
-lo que no resulta técnicamente correcto en el caso de los titulares
de órganos administrativos integrados en Departamentos ministeriales-. El
Consejo de Estado considera que el establecimiento de un régimen especial
de cese del presidente del Comité, en cuanto titular de un organismo
regulador e independiente del sector ferroviario, debe establecerse en una
disposición de rango legal, más cuando, como en el caso presente, la regulación
proyectada carece de toda apoyatura en la vigente Ley 39/2003, de
17 de noviembre, del Sector Ferroviario.
Finalmente, considera el Consejo de Estado que tampoco resulta adecuada
la regulación proyectada en la otra cuestión fundamental que aborda la
norma sometida a consulta. En concreto, en la cuestión atinente a las garantías
de la igualdad entre empresas ferroviarias y los restantes candidatos en las
condiciones de acceso al mercado de los servicios de transporte ferroviario y
a la resolución de conflictos entre ellas, reguladas en las redacciones de los
artículos 152 y 153 proyectados. En efecto, no es admisible la atribución al
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