REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

5. Cuando la vivienda deje de estar destinada a satisfacer la necesidad de
vivienda habitual del beneficiario o se utilice para actividades ajenas
a dicho fin.
Distingue este precepto dos situaciones distintas que, no obstante, se
resuelven en la misma. La primera de ellas constituye lo que, coloquialmente
se conoce como «no ocupación» y la segunda se concreta en el uso
de la vivienda militar para fines distintos a los señalados en la Ley y su
normativa de desarrollo y en el título contractual, que en definitiva es servir
de vivienda a los ocupantes de la misma, con lo que a idéntica situación
se llega, ya que si la vivienda se usa para otro fin es porque ya no
satisface la citada necesidad de vivienda (Sentencia de la Audiencia Provincial
de Alicante, Sección 5, de 11 de enero de 2002)
Esta causa de resolución del contrato tiene su homónimo en la prevista
en el artículo 27.2.f) de la Ley 29/1994, que señala como causa de resolución
de pleno derecho «Cuando la vivienda deje de estar destinada de
forma primordial a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del
arrendatario, o de quien efectivamente la viniera ocupando de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 7», que señala que «El arrendamiento de
vivienda no perderá esta condición aunque el arrendatario no tenga en la
finca arrendada su vivienda permanente, siempre que en ella habiten su
cónyuge no separado legalmente o de hecho, o sus hijos dependientes».
Sin embargo, en el ámbito de la Ley 26/1999, la no ocupación sólo
hace referencia al titular del contrato de la vivienda militar, de tal modo
que, si el mismo no la ocupa incurrirá en la causa de resolución que ahora
analizamos, por mucho que en la misma habitaren su cónyuge no separado
legalmente o de hecho, o sus hijos dependientes.
Respecto del «arraigo familiar», al que hemos hecho referencia en el
párrafo precedente, debe señalarse que, como entiende la jurisprudencia,
en la relación estatutaria que une al militar profesional con la Administración
pública, en materia de apoyo a la movilidad geográfica, no cabe
hablar de derechos adquiridos, al igual que en otras muchas derivadas o
íntimamente relacionadas con la condición funcionarial, en el sentido de
que se hayan integrado en el patrimonio jurídico del funcionario, entendido
esto como una situación jurídica inmutable y consolidada definitivamente,
puesto que, como han señalado el Tribunal Constitucional (STC
99/1987, de 11 de junio de 1.987) y el Tribunal Supremo (Sentencia de 7
de abril de 1.993), el funcionario que ingresa al servicio de la Administración
pública se coloca en una situación jurídica objetiva, definida legal y
reglamentariamente, y, por ello, modificable por uno y otro instrumento
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