REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

obligación de adoptar, hasta donde sea posible, una serie de medidas de precaución
contra los efectos de los ataques, tales como alejar a la población
civil, a las personas civiles y a los bienes de carácter civil de los alrededores
de los lugares donde se encuentran los objetivos militares, evitar situar
objetivos militares en el interior o en las proximidades de zonas densamente
pobladas y cualquier otra medida que sea necesaria para proteger a aquéllos
contra los peligros resultantes de las operaciones militares.
La preocupación por los daños civiles colaterales ocasionados a personas
y bienes de la parte enemiga es un fenómeno relativamente reciente
17 , que ha ido adquiriendo progresivamente mayor relevancia desde la
guerra del Vietnam. Pero ha sido a raíz de la emisión en directo por televisión
de operaciones militares a partir de la operación tormenta del
desierto en la primera guerra del golfo en 1991 que se ha convertido en
objeto de particular atención de la opinión pública. Así, ya con respecto a
la operación tormenta del desierto algunos autores 18 realizaron fuertes críticas
por los excesivos daños colaterales que en su opinión se habían ocasionado
a la infraestructura económica iraquí - y sus presumibles efectos
negativos a largo plazo en la población civil – como resultado de los bombardeos
aéreos de la Coalición contra objetivos que, según la definición
del art. 52(2) PA I, podían ser calificados en principio como militares 19 . La
ralmente daños a la población civil, a las personas civiles o a los bienes civiles que
serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa que espera
obtener del mismo;
iii) Tomar todas las precauciones factibles en la elección de los medios y métodos de
combate para evitar o, al menos, para reducir en la medida de lo posible el número
de muertes, lesiones y daños que el mismo puede provocar colateralmente a personas
y bienes civiles. Entre estas precauciones se incluyen en particular el dar
aviso con la debida antelación y por medios eficaces, siempre que las circunstancias
no lo impidan, de cualquier ataque que pueda afectar a la población civil, así
como la elección, siempre y cuando se pueda elegir entre varios objetivos militares
equivalentes, de aquél cuyo ataque se prevea vaya a presentar menos riesgos
para las personas y bienes civiles.
17 W. H. Parks, The Protection of Civilians from Air Warfare, en Israeli Yearbook of
Human Rights, Vol. 27, 1997, pp. 65 y ss, p. 97.
18 Human Rights Watch, Needless Deaths in the Gulf War: Civilian Casualties during the Air
Campaign and Violations of the Laws of War, 1991. Ver también J. G. Gardam, Proportionality and
Force in International Law, en American Journal of International Law, Vol. 87, 1993, pp. 391 y ss.
19 Algunos autores, como por ejemplo F. J. Hampson, Means and Methods of Warfare
in the Conflict in the Gulf, in The Gulf War 1990-91 in International and English Law , P.
Rowe (Coord.), 1993, pp. 89 y ss, p. 100, han propuesto a este respecto una modificación
de la actual normativa que desarrolla el principio de distinción a los efectos de incluir una
de las dos siguientes medidas: (i) que la regla de proporcionalidad recoja expresamente la
obligación de tener en cuenta el efecto cumulativo y a largo plazo en la población civil de
los daños colaterales derivados de un ataque (particularmente cuando el objetivo del mismo
es son infraestructuras económicas); o (ii) que la definición de objetivo militar requiera que
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