REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

aquellos «actos de violencia contra el adversario, sean ofensivos o defensivos»
11 específicamente dirigidos contra objetivos militares que se prevé
que causarán daños civiles colaterales excesivos en relación con la ventaja
militar concreta y directa que se espera obtener de los mismos 12 . A pesar
de que el art. 51(5)(b) PA I no los trata autónomamente, sino que los considera
como una subcategoría más de los ataques indiscriminados, entendemos
que los ataques desproporcionados- en cuanto que dirigidos contra
un objetivo militar concreto - son perfectamente distinguibles tanto de los
ataques dirigidos contra personas 13 o bienes civiles 14 como de los ataques
ii) Lanzar un ataque indiscriminado que afecte a la población civil o a bienes de carácter
civil, o que se encuentre dirigido contra fuerzas o instalaciones que contienen
fuerzas peligrosas, a sabiendas que causará colateralmente muertos o heridos entre
la población civil o daños a bienes de carácter civil que serían excesivos en relación
con la ventaja militar concreta y directa esperada del ataque;
iii) Hacer objeto de ataque a localidades no defendidas o desmilitarizadas; y
iv) Hacer objeto de ataque a una persona a sabiendas de que se encuentra fuera de
combate;
No existe, sin embargo, en el PA II con respecto a los conflictos armados de carácter
no internacional disposición alguna relativa a las infracciones graves del mismo en general
o de la normativa que desarrolla el principio de distinción en particular, ni, por consiguiente,
a la configuración de las mismas como crímenes de guerra.
11 La reciente Sentencia de Apelación del TPIY en el caso Kordic y Cerkez (párrafo
47) ha ratificado la definición contenida en el art. 49(2) PA I conforme a la cual «se entienden
por ‘ataques’ los actos de violencia contra el adversario, sean ofensivos o defensivos».
12 Art. 51(5)(b) PA I.
13 El art. 51(1),(2), (6) y (7) PA I establece que la población civil y las personas civiles
gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares,
que no serán objeto de ataque, de represalias o de actos o amenazas de violencia cuya finalizad
principal sea aterrorizarlos, y que su presencia o movimientos no podrán ser utilizados
para poner ciertas zonas o puntos - en particular objetivos militares - a cubierto de operaciones
militares del enemigo ni para favorecer u obstaculizar operaciones militares propias.
Además, el art. 50(1) y (3) PA I prevé que la presencia entre la población de personas
cuya condición no responda a la definición de persona civil no priva a esa población de su
calidad de civil y en caso de duda acerca de la condición de una persona como civil, se la
considerará como civil.
Aunque el principio de distinción ha tenido un menor desarrollo en la normativa convencional
que regula los conflictos armados de carácter no internacional, el art. 13(1) del
Protocolo Adicional II (PA II) señala que la población civil y las personas civiles gozarán
de una protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares, y el art.
13(2) PA II impone a las partes contendientes la obligación de no hacer objeto de ataque a
la población civil como tal, ni a las personas civiles, y de no llevar a cabo actos o amenazas
de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil. Si bien, el art.
13(3) PA II deja fuera de dicha protección a las personas civiles que participen directamente
en las hostilidades durante el tiempo que dure su participación en las mismas.
14 El art. 52(1) y (3) PA I prevé que los bienes de carácter civil, es decir todos aquellos
que no son objetivo militar de acuerdo con el art. 52(2) PA I, no serán objeto de ataque
ni de represalias y que en caso de duda acerca de si un bien que normalmente se dedica
a fines civiles - como por ejemplo lugares de culto, escuelas o viviendas - se utiliza para
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