REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

caducidad. Si bien este precepto prevé que cuando existan razones
excepcionales la duración del procedimiento puede prolongarse
más allá de su plazo normal (de 6 meses), debiendo en tal caso el
Instructor dar cuenta cada 10 días del estado de tramitación y de
las circunstancias que impiden su conclusión a la Autoridad que
ordenó la tramitación del procedimiento, a juicio de la Sala cuando
no concurran esas «razones excepcionales» rige la regla general
que limita la duración del procedimiento a 6 meses, y fuera de
esos casos excepcionales previstos en la norma la superación no
justificada del plazo máximo para resolver debe tener como consecuencia,
a falta de otra disposición específica, la caducidad del
procedimiento.
— la previsión del art 425.6 LOPJ sobre el exceso del plazo y la explicación
de dicho retraso es perfectamente incardinable y congruente
con los preceptos de la Ley 30/92 relativos al cómputo del plazo
máximo para resolver los procedimientos (así los supuestos de suspensión
del plazo en los casos previstos en el art 42.5 de la Ley
30/92; o la previsión específica de los propios procedimientos sancionadores
de interrumpir el cómputo del plazo para resolver cuando
el procedimiento se paralizó por causa imputable al expedientado,
prevista en el art 44.2 párrafo segundo de la Ley 30/92), de
forma que es a estos supuestos, y a cualesquiera otras circunstancias
extraordinarias a las que debe referirse la dación de cuenta
prevista en el art 425.6 LOPJ para explicar y justificar la tardanza
en la resolución del expediente, de forma que faltando esta justificación
la superación del plazo máximo para resolver previsto en la
norma debe llevar aparejada la caducidad del procedimiento.
— el que el procedimiento disciplinario judicial no regule expresamente
la caducidad como forma de terminación del mismo no
implica que la misma esté excluida, y de hecho, por lo ya expuesto,
está implícitamente admitida, en virtud de la aplicación supletoria
de la regulación contenida en la Ley 30/92 a la que la propia
LOPJ se remite como supletoria. En este sentido en la LOPJ no se
prevé tampoco expresamente la caducidad de los procedimientos
disciplinarios de Secretarios Judiciales y de los Cuerpos de funcionarios
al servicio de la Administración de Justicia, pero ello no
ha impedido que las normas reglamentarias de desarrollo sí hayan
previsto la caducidad de tales procedimientos en los casos en que
su duración exceda del plazo (12 meses) que se ha fijado (vid art
38 del Reglamento General del régimen disciplinario del personal
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