REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

Las consecuencias dogmáticas que suponen estos cambios son múltiples.
En primer lugar, el tema de la jurisdicción competente (artículo 21)
ya no se construye, como sucede hoy, según la lógica del contrato administrativo.
Esta lógica lleva a someter a la jurisdicción contencioso-administrativa
todo lo relativo a los contratos administrativos; y todo lo relativo
a los contratos privados a la jurisdicción civil, aunque los actos de su
preparación y adjudicación «se considerarán actos jurídicos separables» y
«podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo»
(ambas expresiones en el actual artículo 9.2 TRLCAP). Como
certeramente recordaba García de Enterría, «se trata claramente de una
facultad, disponible para el interesado, pero no de una carga, esto es de la
única vía disponible que el interesado tuviese que utilizar en caso de discrepancia
con la Administración» 11 . Pues bien, en el artículo 21 del proyecto
de LCSP la concepción es por completo diferente, pues la atribución
a uno u otro orden es automática y general: a la jurisdicción contenciosa
todo el régimen de contratos administrativos e «igualmente», es decir
siempre, «las cuestiones en relación con la preparación y adjudicación de
los contratos privados de las Administraciones Públicas y de los contratos
[privados de otras entidades] sujetos a regulación armonizada, incluidos
los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 17» (artículo 21.1
del proyecto de LCSP). Por otro lado, el orden jurisdiccional civil es el
competente para las controversias relacionadas con los «efectos, cumplimiento
y extinción de los contratos privados» y también las relativas a
«preparación y adjudicación de los contratos privados que se celebren por
los entes y entidades sometidos a esta ley que no tengan el carácter de
Administración Pública, siempre que estos contratos no estén sujetos a una
regulación armonizada» (artículo 21.2 del proyecto de LCSP) 12 .
nistrativa, lleva ahora a una ampliación e incluso desnaturalización del concepto de contrato
administrativo típico: en realidad, ya no resulta relevante (a efectos únicamente, se
insiste, de publicidad, licitación y adjudicación) el hecho de que el contrato sea administrativo
sino más bien el dato de que sea típico; cuando en uno de los contratos definidos en
los tipos comunitarios –sin importar que sea administrativo o privado– se supere determinada
cuantía, habrán de aplicarse las normas que sobre garantía de adjudicación prevé el
Derecho comunitario» [dictamen del Consejo de Estado 514/2006, apartado VII.A), párrafo
cuarto].
11 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., Ámbito de aplicación de la ley, en VVAA (dir. R.
Gómez-Ferrer Morant), Comentario a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
Madrid, 1996, pp. 107 ss (la cita en p. 129).
12 No puede dejar de señalarse que este deslinde automático entre órdenes jurisdiccionales
está, en el fondo, determinado por la posibilidad de interponer el recurso administrativo
previo (recurso especial en materia de contratación), que se limita a «los procedimientos
de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada» (artículo 37.1 del pro-
304