REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

necesidad de iniciar negocaciones bilaterales monográficas sobre el tema.
Tras acudir al Consejo de la OACI (Art. 54 CACI) y fundamentando su
acción en el artículo 84 del Convenio de Chicago, el Reino Unido amenazó
con someter a la consideración de la Corte Internacional de Justicia la
cuestión de la delimitación de la zona prohibida de Algeciras. En su opinión
la actitud española superaba los márgenes de lo razonable y dificultaba
innecesariamente la navegación aérea, por lo que se violaba el artículo
9 CACI. Para las autoridades españolas, en cambio, la decisión, por ser
el establecimiento de las zonas restringidas y prohibidas competencia
exclusiva de sus autoridades, se había llevado a cabo de forma acorde a
derecho y, en particular, se ajustaba al sentido de los artículos 1 y 2 del
Convenio de 1944 16 . La cuestión no tuvo mayor trascendencia, ya que el
asunto fue archivado, a petición de las partes, el 28 de noviembre de 1969.
Ha de señalarse que España notificó a la OACI los puntos que enmarcaban
la zona prohibida de Algeciras, única de las condiciones incluidas en el
Convenio que España estimaba que le imponía una obligación. La postura
española fue interpretada como una decisión política 17 , sobre todo a partir
del hecho de que tiempo después una Orden de Presidencia del Gobierno
recalificó la zona considerando únicamente como zona restringida el
punto más conflictivo de la Bahía de Algeciras 18 .
En general, por lo tanto, el establecimiento de zonas de navegación
prohibida o restringida es una potestad discrecional de las autoridades
estatales. Esta decisión debe, sin embargo, cumplir ciertas condiciones:
extensión razonable de la zona, no resultar discrimatoria para las aeronaves
de determinados Estados, notificación a la OACI de la medida origi-
16 Sobre las razones que llevaron a España a adoptar esta decisión, ver, MAE, Negociaciones
sobre Gibraltar. Documentos presentados a las Cortes españolas por el Ministerio
de Asuntos Exteriores, Madrid: MAE, 1967 (existen ediciones previas correspondientes
a los años 1965 y 1966), pp. 109 y ss. Durante las conversaciones celebradas entre España
y el Reino Unido los días 5 a 8 de junio de 1967, el Sr. Gómez Jara (Asesor Jurídico del
Ministerio del Aire) dejó sentada la postura española: «(...) no siendo necesaria la previa
autorización del Consejo de la OACI para que una zona prohibida tuviera validez,había que
partir del hecho incotrovertible de que la zona prohibida española,establecida en virtud de
un acto soberano y de un derecho que reconoce el Convenio de Chicago,era plenamente
válida» (pág. 196).
17 Ver, I.H.Ph. DIEDERIKS-VERSHOOR, An Introduction to Air Law, Deventer: Kluwer,
4ª ed., 1991, pág. 13, y N.M. MATTE, Traité de droit-aérien – aéronautique, Montreal:
McGill University, 3ª ed., 1980, pág. 206.
18 Orden de 15 de marzo de 1985, BOE núm. 78, de 1 de abril. En esta Orden,
tras la indicación de los puntos cartográficos que delimitan la zona, se indica que «la
realineación de espacios señalada en esta zona no limita en modo alguno la soberanía
nacional sobre las zonas terrestres, mar territorial y espacio aéreo correspondientes».
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