REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

la vivienda militar no enajenable por la causa del artículo 9.1.a) de la Ley
26/1999.
En el los supuestos de excedencia voluntaria señalados en las letras b),
c) y d) del artículo 141 el titular del contrato también se hallaría incurso
en causa de resolución del mismo.
3) El militar al que se le adjudique una vivienda militar y pase a la
situación de suspenso de funciones, o a la de suspenso de empleo por
imposición de sanción disciplinaria extraordinaria, podrá continuar ocupando
la vivienda en la nueva situación por un periodo máximo de seis
meses (artículo 14.4).
La situación de suspenso en funciones se regula en el artículo 143 de
la Ley 17/1999, y se adopta como consecuencia del procesamiento, inculpación
o adopción de alguna medida cautelar contra el imputado en un
procedimiento penal o por la incoación de un expediente gubernativo.
En el primero de los casos, es decir, cuando el militar ha sido objeto
de procesamiento, inculpación o medida cautelar en procedimiento penal,
el período máximo de permanencia en esta situación será, por virtud de lo
establecido en el artículo 143.2 in fine, de seis meses o el de duración de
la prisión preventiva, caso que se hubiere acordado por la autoridad judicial
en algún momento del procedimiento y fuese superior a seis meses
De este modo, a la vista del contenido del artículo 14.4 del Real Decreto
991/2000, el militar que pasare, en este caso, a las situación de suspenso
en funciones no perdería el derecho de uso de la vivienda militar, ya que
tal situación no sería superior a seis meses, salvo caso de medida cautelar
como la prisión preventiva por tiempo superior al tiempo indicado 15 , transcurrido
el cual, el Instituto para la vivienda de las Fuerzas Armadas podría
incoar, previo requerimiento desalojo (desatendido, se entiende), el oportuno
expediente de desahucio, por la causa que estamos desarrollando,
debiendo tenerse en cuenta que el levantamiento de la prisión preventiva
(con el consiguiente cese de la situación administrativa que examinamos,
el sobreseimiento de la causa o la sentencia absolutoria, acordados con
posterioridad al plazo de 6 meses, no impide la concurrencia de la causa
prevista en el artículo 9.a) de la Ley 26/1999 y el cese en el derecho de
uso, motivo por el cual no habría lugar a la no incoación o al archivo del
expediente de desahucio que se estuviese tramitando.
En el segundo de los caso, es decir, cuando se acuerde el pase a la
situación de suspenso en funciones por la incoación de un expediente
15 Vid. art. 218 de la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar
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