REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

audiencia del interesado tras una información sumaria ex art 422.1) es
necesario tramitar el procedimiento legalmente establecido, que es escrito,
y con una tramitación común a la prevista en la mayor parte de los procedimientos
sancionadores (incluyendo la formulación, en su caso, de un
pliego de cargos y una posterior propuesta de resolución), el apartado 6 del
art 425 LOPJ regula la duración del procedimiento, estableciendo que «La
duración del procedimiento sancionador no excederá de seis meses. Cuando,
por razones excepcionales, se prolongase por mayor plazo, el instructor
delegado deberá dar cuenta cada diez días del estado de su tramitación
y de las circunstancias que impiden su conclusión a la autoridad que
hubiere mandado proceder».
Debe señalarse que el Capítulo dedicado a la responsabilidad disciplinaria
de Jueces y Magistrados no establece en ningún momento la aplicación
supletoria o subsidiaria de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, si bien
no debe perderse de vista que el art 142.1 de la LOPJ (ubicado en el Capítulo
V «del régimen de los actos del Consejo», del Título II «del Consejo
General del Poder Judicial», del Libro II «Del Gobierno del Poder Judicial»)
señala que «en todo cuanto no se hallare previsto en esta Ley, se
observarán, en materia de procedimiento, recursos y forma de los actos
del Consejo General, en cuanto sean aplicables, las disposiciones de la
Ley de Procedimiento Administrativo, sin que, en ningún caso, sea necesaria
la intervención del Consejo de Estado».
C) JURISPRUDENCIA DE LA SALA 3ª DEL TS SOBRE LA CADUCIDAD EN LOS
PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS JUDICIALES
Asimismo conviene hacer referencia al criterio que, hasta esta sentencia,
se mantenía en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS en
relación con la posible caducidad de los procedimientos disciplinarios a
jueces y magistrados, lo cual es indicado asimismo por esta Sentencia del
Alto Tribunal, que reconoce que con carácter general siempre se había
negado que el exceso en el plazo de tramitación y resolución de los procedimientos
disciplinarios judiciales a jueces y magistrados conllevara la
caducidad del procedimiento, es decir, que estos procedimientos no caducaban
nunca, y que el exceso en el plazo de tramitación conllevaba únicamente
la obligatoriedad del instructor de dar cuenta, cada 10 días, de las
razones del retraso.
Muestra de esta doctrina son las sentencias de 9-7-93, 14-7-95, 21-5-
96, 7-2-97, 7-12-98, 18-1-01, 11-2-02, 26-2-02, 10-12-02, 10-2-03. En
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