REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

y que de lugar, por su naturaleza y contenido, a una entrada domiciliaria,
tal resolución será titulo bastante para dicha entrada, y se habrá cumplido
la garantía del art. 18.2 de la Constitución, no vulnerándose, por tanto, el
derecho a la inviolabilidad del domicilio.
Resulta evidente que, en este caso, no estamos ante una excepción de
lo dispuesto en el art. 91.2 de la L.O.P.J., sino ante un supuesto esencialmente
distinto, toda vez que no se trata de la ejecución forzosa de un acto
administrativo al amparo del privilegio de la autotutela de la Administración
que, por implicar la entrada en el domicilio del interesado, exige la
preceptiva autorización judicial previa, sino de dar cumplimiento a lo dispuesto
en una sentencia judicial firme. En esta línea, se pronuncia también,
la STC 76/1992 de 14 de mayo, al excluir del ámbito del antiguo artículo
87.2 de la L.O.P.J. las entradas en domicilios a que se refiere el citado
precepto, cuando sean consecuencia de la ejecución de sentencias y
resoluciones judiciales, ya que de no ser así se vulneraría el derecho a la
tutela judicial efectiva que comprende también el derecho a someter la ejecutividad
del acto administrativo a la decisión de un Tribunal, y que este
resuelva sobre la suspensión, así como la garantía de la potestad jurisdiccional
del Juez o Tribunal que en ese momento esté juzgando la ejecutividad
del acto administrativo (art. 117.3 de la Constitución) y que ha de ser
un órgano de orden judicial contencioso-administrativo, pues sólo a estos
compete el control de la legalidad del acto y de su ejecución o suspensión.
Resuelta esta problemática, surge la cuestión de determinar cuales son
las consecuencias que se derivarían en el supuesto de que se produjese una
duplicidad de resoluciones judiciales, esto es, que una vez firme la sentencia
que implique la entrada en el domicilio, se autorizase el ingreso en
éste por el Juez de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 91.2 de la L.O.P.J.
La cuestión, en definitiva, se reduce a precisar si, en estos casos, la
autorización del citado precepto legal se constituye como un mero requisito
innecesario, por existir una sentencia firme anterior que sirve de título
bastante para la entrada en el domicilio, o bien, se derivan otras consecuencias
de mayor trascendencia jurídica.
Las consecuencias de esta duplicidad de resoluciones judiciales, ha
sido puesta de manifiesto por la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
al afirmar que supone un requisito hueco e inútil («...carente de
significado, pues ninguna garantía añadiría a la protección del derecho
fundamental de que se trata...»), si no se revisara el fondo de las sentencias
ya firmes, o que trastocaría, sin base constitucional, todo el orden de
instancias jurisdiccionales si así lo hiciera. A este respecto, la ya citada
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