REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

ción del artículo 11.1 del Reglamento General de disciplina, conforme al
cual todo militar tiene el derecho de expresarse libremente dentro del respeto
a las disposiciones del Estatuto General.
b) La libertad de conciencia
En cuanto a la libertad de conciencia, se proclama sin perjuicio de las
restricciones a la libertad de expresión, permitiendo el libre ejercicio de
los cultos religiosos en los recintos militares y a bordo de los barcos de la
flota, así como proclamando que las opiniones o creencias, fundamentalmente
filosóficas, religiosas o políticas, son libres.
El Reglamento de Disciplina General añade que en orden al mantenimiento
de la neutralidad de los Ejércitos, en los establecimientos
militares, en los barcos y, en general, en cualquier recinto militar,
está prohibida la organización y la participación en actividades de
propaganda o promoción de carácter filosófico, religioso, político o
sindical 44 .
c) El derecho de huelga
Por lo que se refiere a los derechos colectivos, se mantiene la prohibición
sin resquicio de duda para el derecho de huelga 45 , del que se dice que
es incompatible con la condición militar 46 en la consideración de que es un
instrumento de presión colectiva indeseable para quienes ostentan la fuerza,
es decir, para aquellas personas a quienes el propio Estado delega a la
organización militar el derecho de autodefensa armada y ejercen la violencia
legítima, precisamente para que no se utilice con otros fines, dado que
el Estado sería a la vez el empleador contra quien se ejercitaría la huelga 47 .
44 Artículo 10 del Reglamento de Disciplina General.
45 Vid. Philippe TERNEYRE, «La grève dans les services publics», Sirey, París, 1991,
págs.51 y 127.
46 El párrafo primero del artículo 6 del Estatuto dice eso, literalmente: «El ejercicio
del derecho de huelga es incompatible con el estado militar».
47 La jurisprudencia admitió el derecho de huelga de los funcionarios aceptando que
la Constitución de 1946 decía que «el derecho de huelga se ejerce en el marco de las Leyes
que lo regulan». A partir de esta parca mención, el Consejo de Estado dictó una decisión
esencial en esta materia, la sentencia Dehane, de 1950, cuya doctrina ha sido después completada
por la legislación funcionarial (vid. José Luis VILLAR PALASÍ, «La licitud de la
huelga de funcionarios declarada por el Conseil d'Etat», Revista de Administración Públi-
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