REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

de sus obligaciones de custodia, y conservación exigibles....»( Sentencia
de la Audiencia Provincial de A Coruña, de 19 de octubre de 1982)
4. Cuando en la vivienda tengan lugar actividades molestas, insalubres,
nocivas, peligrosas o ilícitas.
Respecto de esta causa debe tenerse en cuenta que tales actividades se
encuentran recogidas, con carácter general, en el Decreto 2414/1961, de
30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, que dedica a las mismas las
Secciones 1ª a 3ª, de su Capítulo III.
No obstante lo expuesto la Constitución Española dispone, en su artículo
149.1.16.ª y 23.ª, que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las
bases y coordinación general de la sanidad, así como sobre la legislación
básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades
de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de protección,
motivo por el cual esta materia ha sido objeto de transferencia a
las mismas, que, en muchos casos, han derogado unilateralmente las disposiciones
del Decreto 2114/1961, en orden a una regulación propia
(teniendo en cuenta que la norma —preconstitucional-, ya preveía un desarrollo
a nivel local).
Sin perjuicio del desarrollo normativo que en cada caso sea de aplicación,
la jurisprudencia recaída en materia de legislación de arrendamientos
urbanos (que cabe traer aquí a colación con carácter interpretativo)
entiende que es necesario probar que las actividades denunciadas son reales
y que no se trata de actos insólitos, aislados, esporádicos, circunstanciales
o fortuitos (Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 23 de
junio de 1.960), sin que venga exigiéndose, por el contrario, que, exclusiva
y excluyentemente, tengan que llevarse a cabo en el interior de la
vivienda militar, puesto que pueden realizarse fuera de aquélla siempre
que trasciendan o se prolonguen a otras vivienda de la misma finca o a elementos
comunes del inmueble (Sentencia de la Audiencia Provincial de
Barcelona, de 29 de octubre de 1.965 y Sentencia de la Audiencia Provincial
de Zaragoza, de 30 de enero de 1.964), puesto que lo fundamental, en
este aspecto, es que se trate de actividades o conductas que vayan más allá
de lo normalmente tolerado o admitido para una convivencia pacífica del
vecindario o de alguno de los usuarios de las viviendas militares, mediante
las denuncias que se hubieran formulado y de los informes policiales y
técnicos que, en su caso, pudieran haberse practicado por los Ayuntamientos
en relación al asunto.
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