REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

2003, STSJ de La Rioja de 21-5-2003, SAN 3-10-2002, STSJ de Cataluña
de 6-10-2005 10 .
d) Por último la sentencia entra en el examen específico del régimen
disciplinario judicial, y concretamente del contenido de la LOPJ para afirmar
que esta regulación no se opone a la aplicación del instituto de la
caducidad por vía de aplicación de la Ley 30/92, afirmando incluso que la
regulación contenida en la LOPJ reafirma esa aplicación. Así señala:
— que el art 142.1 LOPJ remite a la aplicación supletoria de la Ley
30/92.
— la LOPJ no establece un régimen normativo singular en materia de
caducidad que deba de aplicarse con preferencia al establecido en
la Ley 30/92.
— no existe en la LOPJ ningún precepto que impida la aplicación del
instituto de la caducidad a los procedimientos disciplinarios regulados
en ella.
— el establecimiento en el art 425.6 LOPJ de un plazo máximo para
resolver puede considerarse una invocación del instituto de la
10 Esta sentencia del TSJ de Cataluña de 6 de octubre de 2005 marca un poco las líneas
generales que ahora adopta la Sala 3ª del TS para considerar que el instituto de la caducidad
es aplicable a los procedimientos disciplinarios, específicamente los tramitados a los
funcionarios públicos, estimando que los fundamentos que determinan la aplicación de la
caducidad una vez se ha rebasado el plazo de tramitación de los expedientes sancionadores
en materia disciplinaria son los siguientes:
a) en primer lugar, la D.A. tercera de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, estableció
que «los procedimientos para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal
al servicio de la Administración General del Estado se regirán por su normativa específica
y, en su defecto, por las normas contenidas en los títulos preliminar, I, II, III, IV, V,
VI, VII, VIII y IX de la Ley 30/1992..», lo que determina la aplicación del art. 44 de la Ley
30/1992, redactado por Ley 4/1999.
b) en segundo lugar, el art. 44 de la Ley establece que se producirá la caducidad en
los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras. El hecho
que la caducidad no esté regulada específicamente en las normas de Derecho disciplinario
no impide la aplicación de la regulación general, teniendo en cuenta lo que supone de
garantía de los derechos del interesado y su proyección sobre el procedimiento, y ello está
al margen de las causas de extinción de la responsabilidad disciplinaria, puesto que la
caducidad no impide que pervivan las acciones correspondientes, iniciándose nuevo procedimiento,
siempre, claro está, que no se haya producido la prescripción de la falta.
c) La evolución normativa en la materia, de la que se desprende la aplicación del la
caducidad en los procedimientos disciplinarios, tal como se expresa en el art. 44 de la Ley
30/1992, antes citado, y del art. 69 de la Ley 24/2001, que establece un plazo de doce
meses para la notificación y resolución de los procedimientos disciplinarios de los funcionarios
de la Administración General del Estado, reforzándose de esta forma los argumentos
anteriores sobre la aplicación del instituto de la caducidad.
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