REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

Pues bien, cabe destacar que el artículo 134 del anteproyecto introducía,
como criterios para valoración de las proposiciones y determinación
de la oferta económicamente más ventajosa y siempre que estuvieran
«directamente vinculados al objeto del contrato», entre otros, «las características
medioambientales o sociales». El dictamen del Consejo de Estado
514/2006 entendió que nada cabía objetar «a la expresa mención de los
diversos criterios vinculados al objeto del contrato que puedan servir para
determinar aquella [la oferta económicamente más ventajosa], entre los
que se cuentan las características medioambientales, citadas por el mencionado
artículo de la directiva [artículo 53]». En cambio, sugirió «un
replanteamiento de la mención de las características sociales como criterios
de adjudicación expresamente incluidos en el artículo 134 del anteproyecto,
resultando necesaria, en todo caso, una mayor precisión de las
condiciones que deberán reunir para poder actuar como tales criterios» a
la vista de la situación de la jurisprudencia y del Derecho comunitario citados
[apartado XII.B) de las consideraciones].
Ello ha dado lugar a la redacción del artículo 134 del proyecto en los
términos señalados, esto es sustituyendo la genérica mención de las características
sociales por la de las características «vinculadas con la satisfacción
de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las
especificaciones del contrato, propias de las categorías de población especialmente
desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios
de las prestaciones a contratar». Una regla de trascendencia que incorpora
el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, y para la que en
todo caso resultará decisiva su puesta en práctica.
V. Hasta aquí las reflexiones sobre este nuevo proyecto de Ley de
Contratos del Sector Público, acerca de alguna de las novedades que su
aplicación podrá producir en el ámbito de la contratación militar. Muchas
gracias.
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