REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

combate, de manera que se evite que sus destinatarios últimos, los miembros
de las fuerzas armadas de las partes en conflicto, lleguen a la conclusión
de que se trata de estándares irrazonables o de imposible cumplimiento
impuestos por civiles que no tienen conocimiento alguno de las circunstancias
en que se desarrollan las hostilidades 5 . De lo contrario se corre
el riesgo de que, a pesar de que los mismos puedan incluirse en las llamadas
reglas de combate («rules of engagement») que las partes en conflicto
distribuyen a su inicio entre las unidades desplegadas en el frente de combate,
se conviertan en letra muerta, y de que las normas penales que recogen
sus infracciones graves pierdan su eficacia preventiva general.
A este último resultado lleva en nuestra opinión la práctica de calificar
como crímenes contra la humanidad, o incluso como delitos ordinarios,
aquellos ataques que se ajustan a la normativa del derecho internacional
humanitario por el mero hecho de que hayan podido causar bajas o daños
civiles. Esta práctica, además de ser contraria a la normativa que regula la
conducción de las hostilidades, introduce estándares de imposible cumplimiento
que elimina todo incentivo para cumplir con los mismos. Desafortunadamente,
estas consideraciones no han sido siempre tenidas en cuenta
por la jurisprudencia del TPIY 6 .
Los motivos por los que ciertas operaciones militares desarrolladas en
situación de combate se convierten en ilícitas se pueden subdividir en
generales y específicos. Entre estos últimos destaca la utilización de armas
o métodos de combate cuyo uso se encuentra específicamente prohibido
por el derecho internacional humanitario. Este sería el caso, por ejemplo,
de los ataques lanzados con gases asfixiantes, los ataques sin cuartel o los
ataques pérfidos que se llevan a cabo engañando al enemigo mediante el
uso de la bandera blanca o de emblemas internacionalmente reconocidos
como el del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) o el de las
Naciones Unidas.
Al margen de estos supuestos específicos, se puede afirmar que el elemento
clave para determinar la licitud de un ataque es la medida en que el
5 L.C. Green, Comment, en Legal and Ethical Lessons of NATO’s Kosovo Campaign,
A. Wall (Coord.), en International Law Studies, Vol. 78, 2002, pp. 211-212.
6 El mejor ejemplo de la influencia jugada por el presunto contexto de limpieza étnica
en el análisis de legalidad de ciertos ataques específicos contra pueblos y aldeas se
encuentra en la sección relativa al ataque al pueblo Donja Veceriska de la Sentencia de Primera
Instancia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) en el caso
Kordic y Cerkez (párrafos 645-649), sobre todo si estudia a la luz del análisis que del
mismo ataque realizó la Sentencia de Primera Instancia del TPIY en el caso Blaskic (párrafos
531-533).
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