REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

hubiera informado o no debidamente al paciente de los riesgos de la intervención
o tratamiento.
Por su parte el Tribunal Supremo niega virtualidad por si mismo a la
falta de consentimiento informado para fundamentar una reclamación de
responsabilidad patrimonial, exigiendo, en todo caso, la existencia acreditada
de una lesión objetiva que sea consecuencia de una intervención quirúrgica.
Es decir, debe acreditarse la existencia del daño producido y de la
relación de causalidad, no pudiendo recaer sobre la falta de consentimiento
el hipotético daño producido.(Sentencias de 26-03-02, 26-02-04, 9-03-05)
b) Daño real, efectivo y evaluable económicamente:
Además de antijurídico, para que el daño ocasionado por la actuación
administrativa sea indemnizable es preciso que, además, sea real y efectivo,
por lo que deben excluirse los daños eventuales o simplemente posibles
(Sentencia Tribunal Supremo de 19-10-90).
Los daños resarcibles pueden ser, por su naturaleza, materiales, personales
y morales.
Por lo que se refiere a los daños morales, han sido reconocidos repetidamente
tanto por la jurisprudencia del Tribunal Supremo 21 , como por la
doctrina legal del Consejo de Estado, de conformidad con el principio de
indemnidad o reparación integral, siempre que haya sido suficientemente
acreditado que han provocado un trastorno psicofísico. Si bien, al no poder
ser estrictamente evaluables económicamente, la indemnización por ellos
no es una reparación sino una sustitución aproximada.
En estos casos, la cantidad indemnizada se debe fijar discrecionalmente
procurando ofrecer una justa compensación, para lo cual se han de
valorar particularizadamente todas las circunstancias concurrentes 22 .
La extensión de la obligación de indemnizar responde según se desprende
lo los artículos 106.2 de la CE y 139.1 de la Ley 30/92, al principio
de «reparación integral», abarcando todos los daños alegados y
probados por el perjudicado, en su doble vertiente, tanto de daño emergente
como de lucro cesante, siempre y cuando sean evaluables económicamente,
sirviendo a tal efecto cualquier medio admisible en Derecho.
21 Sentencias del Tribunal Supremo de 4-10-97, 20-02-99, 3-03-99, 29-03-93, 3-10-00,
entre otros.
22 Sentencias del Tribunal Supremo de 20-01-98, 27-01-98 y 25-05-99.
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