REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

c) La determinación del objeto del contrato.
d) La fijación del precio.
e) La existencia de crédito adecuado y suficiente, si del contrato se
derivan obligaciones de contenido económico para la Administración.
f) La tramitación de expediente, al que se incorporarán los pliegos
en los que la Administración establezca las cláusulas que han de
regir el contrato a celebrar y el importe del presupuesto del gasto.
g) La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido
económico, relativos a los contratos, en los términos previstos en
la Ley General Presupuestaria o en las correspondientes normas
presupuestarias de las distintas Administraciones Públicas sujetas
a esta Ley.
h) La aprobación del gasto por el órgano competente para ello.
i) La formalización del contrato».
En cambio, ahora esta regulación se ha perdido. Es claro que el proyecto
de LCSP ha de combinar constantemente los criterios de la contratación
de la totalidad del sector público con los propios de la contratación
administrativa. Y en esa difícil combinación se ha perdido claridad y rigor,
en especial para los contratos de las Administraciones 15 . En efecto, una
norma que se contiene en una sede semejante a la del citado precepto, en el
conjunto de la ley, es el artículo 26.1 del proyecto de LCSP. Sin embargo,
es claro que este precepto tiene un sentido, alcance y hasta tono netamente
diferentes. Bajo la rúbrica «contenido mínimo del contrato», establece:
«Salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, los contratos
que celebren los entes, organismos y entidades del sector
público deben incluir, necesariamente, las siguientes menciones:
a) La identificación de las partes.
b) La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir
el contrato.
15 «(...) La estructura adoptada adolece de un error de concepción –o más bien de
construcción– que ya ha sido advertido. Se trata de la circunstancia de que se presenta
como una norma de la actividad contractual del sector público (artículo 1.1) cuando, incluso
con la regulación proyectada, el grueso de la regulación sigue girando sobre normas pensadas
para las Administraciones Públicas. Ello da lugar a problemas sistemáticos y en ocasiones
sustantivos (confusión de regímenes) (...)» [dictamen del Consejo de Estado
514/2006, apartado VII.C), séptimo párrafo].
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