REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

cesión por virtud de un determinado cargo, y que, lógicamente, deberá
traer causa de la regulación precedente.
Por último, no debemos perder de vista que, como ya se ha señalado
en el apartado relativo a las viviendas militares (punto 2.2 del presente
estudio), el uso de los pabellones de cargo es obligatorio (salvo dispensa
por «razones extraordinarias debidamente justificadas» apartado Cuarto.2
de la citada Orden DEF/3242/2005) y gratuito (en los términos de los apartados
Cuarto.3 y Séptimo.3 de la norma), lo que determina que sea causa
de cese en el derecho de uso del pabellón lo que hemos denominado «no
ocupación» (respecto de las viviendas militares, art.10.1.e) de la ley
26/1999).
2.5. EL PROCEDIMIENTO DE DESAHUCIO DE LAS VIVIENDAS MILITARES Y DE
LOS PABELLONES DE CARGO
En la actualidad, y tras las reformas operadas en la Ley 26/1999, por
las distintas Leyes de Medidas fiscales, administrativas y del orden social,
la regulación del procedimiento de desahucio se lleva a cabo de manera
uniforme, por expresa remisión a la normativa que, acerca de estas cuestiones,
se establece en la legislación sobre viviendas de protección oficial.
A.—Respecto de las viviendas militares no enajenables (incluidas las
vinculadas a cargo o destino), el artículo 9 de la Ley 26/1999, señala que
«Los usuarios de vivienda militar no enajenable que haya sido adjudicada
en virtud de la presente Ley deberán desalojarla en el plazo de un mes
a partir de la fecha en que surta efectos la correspondiente disposición
declarativa de cualquiera de las causas o del fallecimiento del titular.». De
este modo, el artículo 19.2 del Real Decreto 991/2000, establece que «En
el caso de no producirse el desalojo voluntario, se incoará el correspondiente
expediente de desahucio que se ajustará al procedimiento señalado
en los artículos 142 al 144 del Decreto 2114/1968, de 24 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley sobre viviendas
de protección oficial, texto refundido aprobado por Decretos
2131/1963, de 24 de julio, y 3964/1964, de 3 de diciembre».
B.—En el caso de concurrencia de cualquiera de las causas de resolución
del contrato previstas en el artículo 10, el punto 4 del citado artículo
establece que «Producida cualquiera de las causas de resolución del contrato
que se establecen en los apartados 1 y 2 del presente artículo, si el
usuario no desalojara voluntariamente la vivienda en el plazo de un mes,
desde el requerimiento que le dirija al efecto el Instituto para la Vivienda
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