REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

En efecto, el proyecto representa, hasta cierto punto, un nuevo modo
de concebir la contratación pública, como ha puesto de relieve el dictamen
del Consejo de Estado sobre el anteproyecto (número 514/2006, de 25 de
mayo). Interesa ahora destacar que el nuevo enfoque de la legislación de
contratos públicos «puede apreciarse en dos tipos de cuestiones entrelazadas
entre sí. De un lado, la ampliación y redefinición del ámbito subjetivo,
que ya no se basa en un proceso de sucesiva ampliación de los sujetos
contratantes partiendo de su asimilación mayor o menor a la Administración
Pública stricto sensu, sino que parte desde el comienzo de una delimitación
de tipo funcional o según la actividad y no según la forma de personificación
jurídica. De otro, el influjo que dicha ampliación produce
sobre el que podría llamarse ámbito objetivo: es decir, la nueva delimitación
del régimen contractual concretamente aplicable por esos sujetos está
en función, en primer lugar, del tipo de contrato que celebren, si es o no
uno de los contratos típicos contemplados por las directivas (la relevancia
del contrato mixto se encuentra ahora en esta sede), en segundo lugar
depende de la cuantía del contrato en cuestión y, en fin, también juega el
criterio relativo a que el sujeto contratante sea una Administración Pública,
o un «organismo de Derecho público» —en sentido comunitario— no
considerado Administración Pública, o un ente del sector público que no
se considere «organismo de Derecho público» [apartado VI de las consideraciones
del citado dictamen, segundo párrafo].
Pues bien, el significado general del proyecto de Ley de Contratos del
Sector Público, en relación con el ámbito subjetivo, tiene un indudable
alcance. Puede incluso decirse que, respecto al desarrollo histórico de la
contratación pública, representa una nueva etapa 2 . Así, una primera fase de
nuestro Derecho de la contratación pública sería la constituida por la regulación
contenida en los Pliegos generales de contratación del siglo XIX y
comienzos del siglo XX, especialmente por el Pliego de Condiciones
Generales para la contratación de obras públicas de 1903, que tenía carácter
supletorio respecto de los demás. Esta regulación fragmentaria se vio
completada en algunos puntos por la Ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda Pública de 1911, modificada en 1952.
La segunda gran etapa es la que arranca de la Ley de Bases de 1963 y
el texto articulado de 1965 de la Ley de Contratos del Estado. Aquí se con-
2 Para la evolución histórica de la legislación española en materia de contratación
administrativa, cfr. ARIÑO ORTIZ, G., Estudio introductorio, en VVAA («Ariño y Asociados»),
Comentarios a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Tomo I, El
sistema contractual administrativo, Granada, Comares, 2002, pp. 33 ss.
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