REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

través de la cual éste da prioridad a sus intereses nacionales sobre otros
intereses de la navegación aérea internacional y del resto de Estados.
No sorprende, por lo tanto, que a lo largo del tiempo hayan surgido al
menos cuatro controversias al respecto: India —Pakistán (1952), República
Árabe Unida— Unión Árabe (1958), España —Reino Unido (1967) e
Israel— Libia (1973). La consideración de las mismas permite advertir
que el ejercicio de esta potestad está sujeto a ciertas condiciones. Así se
demostró con motivo del conflicto surgido en 1952 y que enfrentó a la
India y a Pakistán. En un contexto de fuerte enfrentamiento entre hindúes
y musulmanes, Pakistán declaró zona prohibida a la navegación toda la
frontera oeste del Pakistán occidental (entonces todavía bajo su soberanía).
Se trataba de una medida adoptada con el fin de prevenir una operación
militar conjunta de la India y de Afganistán. La India, principal Estado
afectado, consideró que esta medida era contraria al Convenio de Chicago
por dos motivos: en primer lugar, por la enorme extensión del área decretada;
en segundo lugar, porque la medida no se había adoptado de forma
uniforme, puesto que permitía el vuelo de las aeronaves iraníes. El incidente,
que no tuvo mayor trascendencia dado que las partes lograron un
acuerdo, sirvió para poner de manifiesto los dos límites que envuelven al
ejercicio de esta potestad: la extensión razonable del aérea prohibida o restringida
y la no discriminación de la medida, que debe afectar incluso a las
aeronaves nacionales 14 .
La polémica surgida a raíz de la decisión española de declarar zona
prohibida a la navegación la columna de aire que se extiende desde la
Bahía de Algeciras (1967) sirvió para apreciar el alcance de tales limitaciones.
La medida fue adoptada días después de que el Reino Unido restringiera
el acceso por tierra a la zona del Peñón y, debe por lo tanto,
enmarcarse en el contexto del contencioso histórico en torno a Gibraltar.
La Orden de la Presidencia del Gobierno por la que se adopta esta decisión
justificaba la medida en motivos de seguridad nacional 15 . Las autoridades
británicas, molestas por la decisión y arguyendo que los límites del
mar territorial de Gibraltar nunca habían sido definidos, plantearon la
14 En relación con este último aspecto, no puede olvidarse, sin embargo, que los Estados
tienen la posibilidad de discriminar positivamente a las aeronaves de Estado. La Orden
de 23 de mayo de 1977 sobre zonas prohibidas y restringidas a la navegación (BOE núm.
127, de 28 de mayo) señala en su punto primero: «Se establecen las zonas prohibidas y restringidas
al vuelo en territorio nacional para todas clase de aeronaves, excepto las españolas
militares, de la Seguridad Social y las del Servicio de Vigilancia aduanera, que a continuación
se describen (...)».
15 Orden de 11 de abril de 1967, BOE núm. 87, de 17 de abril.
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