REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

gubernativo en vía disciplinaria, debe tenerse en cuenta que el artículo
143.5 de la Ley 17/1999 señala que «La suspensión de funciones acordada
por las autoridades con potestad disciplinaria, según lo previsto en la
Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, no tendrá
más efectos que el cese del militar inculpado en el ejercicio de sus funciones
por un período máximo de tres meses», con lo que, al ser inferior
este plazo al de los seis meses que señala el artículo 14.4 del Real Decreto
991/2000, no habría lugar a la pérdida del derecho de uso de la vivienda
militar.
La situación de suspenso de empleo se contempla en el artículo 142.1
de la Ley 17/1999, que señala que «1. Los militares profesionales pasarán
a la situación de suspenso de empleo por alguna de las siguientes causas
a) Condena, en sentencia firme, a la pena de prisión del Código Penal
Militar o del Código Penal, en este último caso mientras se encuentre privado
de libertad y sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas; o a las penas, principal o
accesoria, de suspensión de empleo o cargo público. b) Imposición de sanción
disciplinaria extraordinaria de suspensión de empleo».
b) Imposición de sanción disciplinaria extraordinaria de suspensión
de empleo.
En el primero de los casos, el pase a la situación administrativa descrita
determina la pérdida del derecho de uso de la vivienda militar no enajenable
que se tuviere adjudicada, mientras que en el segundo de los casos
la perdida del derecho de uso de la vivienda militar surgiría trascurridos
seis meses desde la adopción de la medida
No obstante lo anterior, el artículo 14.5 del Real Decreto 991/2000, ha
introducido matizaciones a este principio, al señalar que «El militar al que
se le adjudique una vivienda militar y pierda el derecho al uso de la misma
por haber pasado a la situación de suspenso de empleo, si la sanción disciplinaria
extraordinaria de suspensión de empleo ejecutada, fuere posteriormente
revocada con carácter definitivo, en vía administrativa o jurisdiccional,
será repuesto en su derecho cuando cese en dicha situación. En
consecuencia, si hubiese desalojado la vivienda, además de abonársele la
compensación económica correspondiente al tiempo transcurrido desde el
desalojo, se le adjudicará de nuevo en el caso de encontrarse aun vacía, u
otra en la misma localidad o área geográfica o, en su defecto, percibirá la
compensación económica en las condiciones y límites que se establecen en
el presente Real Decreto. En el supuesto de que no haya desalojado la
vivienda, se archivará el expediente de desalojo. De igual forma se actuará
en el caso de sobreseimiento del procedimiento, sentencia absolutoria
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