REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

unidad, que podría verse erosionada si los subordinados consideran que su
superior los expone a riesgos innecesarios. Lógicamente, cuanta mayor sea
la proporción de daños civiles colaterales derivados de actos ilícitos del
enemigo menor será el nivel de riesgo aceptable para un superior militar
medio con el fin de evitar esos daños. Por ello, los defensores de esta
segunda posición consideran que no tiene sentido continuar incluyendo en
la columna de daños civiles colaterales aquellos daños provocados por
actos ilícitos del enemigo puesto que se trata ésta de una regla que no es
sociológicamente aceptada por los sujetos a los que va destinada: el personal
militar encargado de seleccionar los objetivos y de preparar los ataques
que es de quien depende en última instancia la efectiva aplicación del
derecho internacional humanitario 81 .
En esta misma línea se encuentra la posición oficial del ejército norteamericano
que defiende que las fuerzas defensoras deben ser consideradas
responsables por los daños civiles colaterales producidos a raíz del despliegue
de hombres, armamento y material militar junto a bienes civiles o
en las inmediaciones de áreas dónde reside la población civil 82 . Esta posición
ha sido defendida por el departamento de defensa norteamericano
para atribuir a las autoridades iraquíes la responsabilidad por las muertes
civiles ocasionadas durante el ataque al bunker de Al-Firdus 83 . Igualmente,
un informe previo del Pentágono afirmaba que el derecho internacional
de los conflictos armados permitía el ataque a dos cazas iraquíes que habían
sido emplazados junto al antiguo templo de Ur, correspondiendo a las
autoridades iraquíes la responsabilidad por los daños que se pudieran causar
al templo 84 . En consecuencia, para el ejército norteamericano, una vez
que el enemigo decide colocar objetivos militares como misiles tierra aire,
baterías antiaéreas, tanques o armas de destrucción masiva en un área protegida
por el derecho internacional humanitario, dicha área pierde su pro-
81 T. Taylor, The Concept of Justice and the Laws of War, en Colorado Journal of Transnational
Law, Vol. 13, 1974, pp. 189 y ss, p. 203. Ver también, W. H. Parks, Air War…, p. 50).
82 Ya durante la Conferencia Diplomática en la que se negoció el PA I la delegación
norteamericana dejó clara su posición de que los estados deberían ser ellos mismos responsables
si utilizan ilícitamente su población civil para proteger sus objetivos militares del
ataque del enemigo.
83 Informe enviado al Congreso por el Departamento de Defensa (United States,
Department of Defense Report to Congress on the Conduct of the Persian Gulf War –
Appendix on the Role of the Law of War, en International Law Materials., Vol. 31, 1992, pp.
612 y ss, p. 627.
84 United States, Department of Defense, Conduct of the Persian Gulf War: An Interim
Report to Congress (1991), citado por C. Greenwood, Customary International Law and
the First Geneva Protocol of 1977, en The Gulf War 1990-1991 in International and
English Law, P. Rowe (Coord.), Routledge, 1993, pp. 63 y ss, p. 80.
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