REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

IV LA SENTENCIA DEL PLENO DE LA SALA 3ª, DE LO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, DEL TRIBUNAL
SUPREMO DE 27 DE FEBRERO 2006.
A) CONSIDERACIONES GENERALES
Esta sentencia examina un recurso contencioso-administrativo interpuesto
por un Magistrado-Juez contra una sanción disciplinaria de suspensión
de funciones de 1 mes que le fue impuesta por el Pleno del Consejo
General del Poder Judicial como autor de una falta muy grave prevista
en el art 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial consistente en la
desatención o retraso injustificado o reiterado en la resolución de causas o
procesos.
Concretamente el recurrente pretendía la anulación de la sanción que
le había sido impuesta alegando la caducidad del procedimiento disciplinario
seguido contra el mismo, lo cual debía conllevar la anulación de la
sanción impuesta en dicho procedimiento. En este sentido indicaba el
recurrente que el procedimiento sancionador se había incoado por acuerdo
de la Comisión Disciplinaria del CGPJ de fecha 23 de enero de 2003,
y la resolución que puso fin al citado procedimiento disciplinario y en la
que se le impuso la sanción, fue dictada por el Pleno del CGPJ con fecha
14 de enero de 2004, habiéndose excedido el plazo de 6 meses que el art
425.6 de la LOPJ establece para la duración del procedimiento sancionador,
sin que en el procedimiento existiera documentación alguna del Instructor
que justificara el retraso en la tramitación del procedimiento y que
justificara la demora en su instrucción, tal y como señala el propio precepto,
por lo que dicha demora (de más de 6 meses) en la resolución del
procedimiento sancionador debía conllevar la declaración de caducidad
del procedimiento a la vista del contenido del art 44.2 de la Ley 30/92 de
26 de noviembre, tras su redacción por la Ley 4/99 de 13 de enero. En definitiva,
que la Sala 3ª del TS tenía que examinar si, en un procedimiento
disciplinario judicial, el exceso del plazo legalmente establecido para la
tramitación del procedimiento tenía alguna consecuencia jurídica, y específicamente
si procedía declarar la caducidad del procedimiento por el
exceso de dicho plazo, lo que en último término llevaba a examinar si al
procedimiento disciplinario judicial le eran de aplicación las disposiciones
contenidas en la Ley 30/92 de 26 de noviembre, concretamente la regulación
del art 44.2 de dicho texto legal, referente a los efectos o consecuen-
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