REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

cambio de significado que ha experimentado la tradicional distinción entre
contratos administrativos y contratos privados de la Administración, que
merece un estudio más detenido.
B) En efecto, otra cuestión cercana al «ámbito objetivo» es la que afecta
a la delimitación de regímenes contractuales (artículos 5 a 21 del proyecto).
Hay que notar, ante todo, que la delimitación de regímenes contractuales
en el proyecto de LCSP ha variado de sentido, conforme al designio
último y declarado de este proyecto de no estructurar la ley en torno a la
figura del contrato administrativo —y después proceder por extensión a
los contratos privados de las Administraciones o a los contratos de cualesquiera
otros entes—, sino de configurar la ley desde su comienzo como
una ley de contratación del sector público en su conjunto (incluyendo dentro
de él, lógicamente, las disposiciones propias de los contratos administrativos).
Este objetivo explícito se desprende ya del artículo 1 en sus dos
párrafos:
«La presente ley tiene por objeto regular la actividad contractual del
sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios
de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia
de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de
trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo
de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente
utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la
adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia
de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda
de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente
más ventajosa.
Es igualmente objeto de esta ley la regulación del régimen jurídico
aplicable a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos
administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter
público que a través de los mismos se tratan de realizar».
Las claves de la articulación de este esquema se contienen en los artículos
5 a 21 del proyecto. De ellos se desprende con toda claridad que,
para delimitar los regímenes contractuales aplicables a cada sujeto, se
suceden tres criterios: el tipo del contrato, que es ahora el elemento esencial
para todos los contratos del sector público y no sólo para los administrativos
(de hecho, la figura de los contratos mixtos está ahora en esta sede;
artículos 5 a 12); en segundo lugar, la cuantía de los contratos para el caso
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