REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

que dejan patente que el plazo para resolver los expedientes disciplinarios
judiciales no es un plazo que esté predeterminado a priori, es decir, que no
tiene un carácter máximo y absoluto, lo que impide que pueda ser calificado
como plazo de caducidad, dado su carácter abierto e incluso ampliable
sine die si circunstancias excepcionales así lo aconsejan, lo que impide
que se aprecie de forma automática el efecto invalidante de la decisión
final del procedimiento por el mero hecho de que ésta haya sido dictada
una vez transcurrido el plazo de 6 meses desde que se inició el procedimiento.
h) Finalmente los magistrados discrepantes hacen referencia a una
cuestión incidental. Así señalan que dado que la doctrina mayoritaria
existente hasta la fecha era que los procedimientos disciplinarios judiciales
no caducaban, y que por tanto la caducidad no era de aplicación a
los mismos, es posible que el CGPJ resolviera el procedimiento sancionador
examinado sin entrar a justificar las razones por las que la resolución
sancionadora era dictada una vez superado el plazo de 6 meses,
puesto que dada la doctrina general de la Sala, ello era innecesario puesto
que tal procedimiento disciplinario no caducaba. Por ello consideran
que si el Pleno del CGPJ hubiera conocido el posible cambio de criterio
es posible que hubieran tratado de justificar las razones de la demora o
incluso haber suspendido el plazo si concurrían alguno de los supuestos
previstos en los arts 42.5 y 6 ó 44 de la Ley 30/92, preceptos que la
mayoría de la Sala considera aplicables a los procedimientos disciplinarios.
Además reiteran que la doctrina mayoritaria considera que tanto las
causas de suspensión generales del art 42.5 de la Ley 30/92 como las específicas
del art 44.2 «puede y debe referirse aquella dación de cuenta prevista
en el art 425.6 LOPJ» y que, faltando esta justificación la superación
del plazo lleva aparejada la caducidad, cuando difícilmente puede ser así
si la causa de la paralización se produce cuando el procedimiento ha salido
ya de las manos del instructor.
Concluyen en esencia los magistrados discrepantes indicando que la
inserción en el esquema disciplinario diseñado por la LOPJ de un «cuerpo
extraño» como es la caducidad propia del procedimiento sancionador
común o general, con sus consecuencias invalidantes de la resolución dictada
fuera de plazo, no resulta muy compatible sino que provoca graves
inconvenientes normativos e interpretativos con los preceptos que integran
el sistema específico de la responsabilidad disciplinaria de los jueces y
magistrados, y que por tanto la caducidad no debe ser apreciable en los
procedimientos disciplinarios judiciales.
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