REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

do a esa situación. El recurrente alegaba que el acto administrativo impugnado
había estado dirigido a sancionar al recurrente y que esta finalidad
no es la propia que corresponde a la facultad discrecional ejercitada.
La sentencia citada, partiendo del artículo 144 de la Ley 17/1999,
señala que: «La lectura del precepto que acaba de transcribirse pone de
manifiesto una amplísima habilitación al Gobierno para el pase a la situación
de reserva de los Oficiales Generales.
Esa amplitud opera en el aspecto que pudiéramos llamar sustantivo,
ya que no se acotan taxativamente los supuestos en que puede ser adoptada
esa decisión, pero también en el aspecto formal o procedimental, al
no disponerse ningún trámite específico y exigir únicamente el precepto
legal de que se viene hablando que exista propuesta del Ministro de Defensa
y que la decisión se haga «mediante Real Decreto acordado en el Consejo
de Ministros».
Se trata de una potestad discrecional conferida al Gobierno que en
principio no tiene más límite sustantivo que el impuesto por la interdicción
de la arbitrariedad de los poderes públicos establecida en el artículo 9.3
de la Constitución (CE).
Lo cual trae como primera consecuencia que siempre que la decisión
esté amparada en razones de interés general y no sea por ello gratuita,
habrá de aceptarse que respeta debidamente ese canon de constitucionalidad
que es ineludible en cualquier manifestación del ejercicio de los
poderes públicos».
Así, continua la STS: «Avanzando algo más en el argumento anterior,
debe decirse que esas razones de interés general, al no estar legalmente
tasadas en ese artículo 144.4 de la Ley 17/1999, podrán constituirlas una
muy amplia variedad de circunstancias. Amplitud que, por lo que se explica
a continuación, tiene un claro respaldo constitucional y se ve confirmada
en otros preceptos de la mencionada Ley 17/1999.
El soporte constitucional se percibe con claridad si tiene en cuenta que
los destinos asignados a los empleos militares del Generalato en servicio
activo no sólo son puestos profesionales de un muy alto nivel de cualificación
técnica. Son, además y muy principalmente, destinos públicos directamente
relacionados con la función de dirección política, administrativa y de la
defensa del Estado que constitucionalmente corresponde al Gobierno (artículo
97 CE). Es decir, son puestos de directa colaboración profesional con el
Gobierno, a través de los cuales se llevan a la práctica las primeras medidas
de ejecución de esa alta función constitucional que acaba de mencionarse.
Los otros preceptos de la Ley 17/1999 que confirman esa amplia habilitación
del Gobierno en esta materia son sus artículos 110.4, 111.3 y
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