REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

nuncia sobre la impugnación de un concurso para la adjudicación de contrato
de compraventa de viviendas militares vacías. El recurrente, que no
tomó parte en el concurso público, alegaba que no es de aplicación la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Publicas,
como sostuvo la Administración en vía administrativa, sino la legislación
sobre el Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por Decreto
1022/1964, de 15 de abril.
El Tribunal Supremo considera que el recurrente, pese a no participar
en el concurso, admite su legitimación ya que: «si el recurrente no participó
en el concurso (y ello es lo que se le reprocha al apreciar su falta de
legitimación) fue porque las propias bases del mismo exigían que para participar
debía aceptarse expresamente el Pliego de Condiciones. Se afirma
que la Sala del Tribunal Superior de Justicia no se percató de que la participación
en el concurso suponía aceptar las condiciones del Pliego, y sin
duda obvió esta circunstancia al declarar la inadmisibilidad del recurso».
Una vez resuelto que no debe negarse legitimación al recurrente, el
Tribunal Supremo estima su recurso con base en los siguientes argumentos:
«Se trata de la expresada por el actor en el sentido de que no resulta
aplicable al supuesto la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
13/1995, de 18 de mayo, lo que sin duda se sostiene por la Administración
para justificar el empleo del procedimiento de adjudicación por
concurso, sino la legislación de patrimonio del Estado.
En efecto, si se parte de este punto de vista, a tenor de la Ley de Patrimonio
del Estado, texto refundido aprobado por Decreto 1022/1964, de 15
de abril, el procedimiento a seguir para la adjudicación de las viviendas
hubiera debido ser el de subasta. Así lo dispone el articulo 63 del texto que
acaba de citarse, y se puede estimar que la enajenación seria un contrato
privado realizado por la Administración, a tenor del propio articulo 5.3 de
la Ley de Contratos de las Administración Publicas. No carece por tanto
de algún fundamento la pretensión del actor.
Ahora bien, entiende la Sección que no procede llevar a cabo una aplicación
tan lineal de las normas generales de nuestro ordenamiento. Pues
hay que atender a las circunstancias del caso concreto. Estamos ante una
enajenación de viviendas que lleva a cabo el Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas (INVIFAS), regulado por el Real Decreto 1751/1990,
de 20 de diciembre, modificado por el Real Decreto 219/1997, de 14 de
febrero. Es de tener en cuenta que sin duda una de las principales finalidades
del Instituto es proporcionar al personal de las Fuerzas Armadas
que se encuentran plenamente en activo viviendas, que son las denominadas
de apoyo logístico. De esta manera el Instituto contribuye indirecta-
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