REVISTA ESPAÃ‘OLA DE DERECHO MILITAR NÂº 88 JULIO ...

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prescripción y del único efecto que anudó al hecho del exceso en el plazo de tramitación de los procedimientos y de la doctrina que al efecto hasta ese momento había sentado la Sala 5ª del TS al referirse tanto a la LORD- FAS de 1985 como a la LORDGC. A esto mismo coadyuva que precisamente cuando se tramitó la LORDFAS de 1998 ya estaba en vigor el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora aprobado por RD 1398/93 de 4 de agosto, en el que, además de excluirse expresamente su aplicación a los procedimientos disciplinarios, incluso con carácter supletorio (art 1.3 del Reglamento), se regulaba ya un régimen de caducidad del procedimiento en su art 20.6 de conformidad con el régimen de la caducidad regulado por el art 43.4 de la Ley 30/92 en su redacción original, y si bien este régimen de caducidad ha sido afectado por la actual redacción del art 44.2 de la Ley 30/92 tras su redacción por la Ley 4/99, es patente que ya se preveían un régimen específico de caducidad del procedimiento sancionador, el cual sin embargo ni fue introducido expresamente en la LORDFAS, ni se previó su aplicación supletoria, y todo ello teniendo en cuenta además que otras normas promulgadas hasta el año 1998 ya habían regulado expresamente regímenes de caducidad de procedimientos sancionadores. En definitiva, que a pesar de que, cuando se tramitó y promulgó la LORDFAS de 1998 ya existía el instituto de la caducidad y se preveía su aplicación a distintos procedimientos sancionadores, no se reguló dicha institución en la propia LORDFAS, ni se quiso remitir expresamente a su aplicación subsidiaria a través de otras normas, lo que, evidencia, a nuestro juicio, que el legislador disciplinario ni quería ni preveía la aplicación del instituto de la caducidad en el ámbito disciplinario militar. 3º) La afirmación y fundamento de la aplicación del instituto de la caducidad a los procedimientos disciplinarios a fin de evitar la pendencia indefinida del referido procedimiento, eliminando así la consiguiente inseguridad jurídica que ello implica, tampoco parece que pueda ser aceptada, puesto que es obvio que con la regulación existente en la LORDFAS y en la LORDGC esa pendencia indefinida no se produce desde el momento en que, una vez vencido el plazo de tramitación y resolución del procedimiento disciplinario militar, se reinicia otra vez el plazo de prescripción de la correspondiente infracción, por lo que es patente que en todo caso una vez transcurrido el plazo de prescripción de la infracción sin que se haya dictado y notificado la resolución sancionadora la infracción disciplinaria habría prescrito y no podría exigirse ya responsabilidad disciplinaria al encartado, produciéndose una causa que posibilita la finalización del correspondiente procedimiento disciplinario. 291
CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA CONTRATACIÓN MILITAR* Pablo García-Manzano Jiménez de Andrade Letrado del Consejo de Estado SUMARIO I. Introducción. Derecho legislado y Derecho vivido: el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público y la contratación en la Administración militar. II. Significación general del proyecto de Ley de Contratos del Sector Público. Ámbito subjetivo. III. Cuestiones relacionadas con el «ámbito objetivo». A) Negocios y contratos excluidos. B) Delimitación de regímenes contractuales. En especial, contratos administrativos y contratos privados. IV. Procedimiento de contratación administrativa. A) La «zona común» de la contratación administrativa: principios y requisitos de los contratos. B) Precio del contrato: precio adecuado al mercado y revisión de precios. C) Fases de licitación y adjudicación. V. Conclusión. I. Mientras preparaba estas palabras, he reflexionado sobre una cuestión general, que podríamos llamar de filosofía del Derecho o de teoría ∗ Texto de la conferencia pronunciada el día 3 de octubre de 2006, en las Terceras Jornadas sobre contratación pública en el ámbito de la Administración militar, organizadas por la Escuela Militar de Servicios Jurídicos. Quiero expresar mi agradecimiento a los Coroneles Auditores don Jesús Bello Gil, Director de la Escuela, y don Emilio Fernández- Piñeyro Hernández, por la cordial acogida que me dispensaron. También agradezco vivamente al Comandante Auditor don Juan Carlos González Barral su amable invitación, y sus acertados comentarios y observaciones sobre la contratación en la Administración militar. El guión original de la conferencia ha sido objeto de ciertos retoques, para adaptarlo a la forma escrita. Se trata de una disertación acerca de algunos de los muchos aspectos que plantea esta materia. En el presente texto se ha incluido también un desarrollo sobre las características medioambientales y sociales como criterios de adjudicación, cuestión que se suscitó durante el coloquio posterior a la conferencia. Revista Española de Derecho Militar Núm. 88, julio-diciembre, 2006 293
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IV. PODER JUDICIAL Una de las final
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Tesis, por la publicación de éste
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