REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

general los argumentos que había empleado la Sala 3ª del TS para negar la
aplicación del régimen de caducidad de la Ley 30/92 de 26 de noviembre
a los procedimientos disciplinarios judiciales eran los siguientes:
a) que el art 425.6 LOPJ sólo atribuye al hecho de que la tramitación
del expediente disciplinario se prolongue por un plazo de tiempo superior
a 6 meses el efecto de ordenar que el instructor delegado dé cuenta cada
10 días a la autoridad competente del estado del procedimiento y de las
circunstancias que impiden su conclusión. Es decir, que el meritado precepto
establece expresamente cuáles son los efectos de exceso en el transcurso
de dicho plazo, y entre ellos no se encuentra el de que deba declararse
la caducidad del procedimiento, por lo que el exceso en dicho plazo
no impide que el instructor no pueda continuar su tramitación ni que se
pueda resolver el procedimiento imponiendo, en su caso, una sanción disciplinaria.
Además, si el art 425 LOPJ admite que por circunstancias
excepcionales puede prolongarse el plazo normal de tramitación del procedimiento
sin límite predeterminado es obvio que no cabe hablar ya de un
plazo preclusivo de caducidad.
b) que el art 63.3 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre previene como
principio general de toda actuación administrativa que la realización de
tales actuaciones fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la
anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o
plazo, y en los procedimientos disciplinarios contra jueces y magistrados
la naturaleza del plazo de tramitación de 6 meses señalado por el art 425.6
LOPJ no impone la anulabilidad del acto aunque haya sido dictado una vez
transcurrido dicho plazo, puesto que el único efecto señalado en el mencionado
precepto para el exceso en dicho plazo es sólo dar cuenta cada 10
días del estado de tramitación y de las causas del retaso, pero en ningún
momento se señala que dicho exceso suponga la caducidad del procedimiento
o la anulabilidad de las actuaciones posteriores, y entre ellas la de
la resolución sancionadora.
c) que en general (al menos hasta la reforma producida en la Ley 30/92
por la Ley 4/99 de 13 de enero) la caducidad no operaba en los procedimientos
sancionadores generales, y por tanto tampoco en los disciplinarios
(así lo había señalado en su día la STS 3ª de 24-4-99), puesto que antes de
la reforma efectuada por la Ley 4/99 se entendía que la caducidad regulada
en la redacción inicial de la Ley 30/92 no era de aplicación a los procedimientos
sancionadores, que precisamente no estaban expresamente
mencionados como afectados por dicha caducidad.
d) que la Disposición Adicional 8ª de la Ley 30/92 establece un régimen
de especialidad en los procedimientos disciplinarios que excluye la
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