REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

Además, fue objeto de un proceso penal seguido por la Jurisdicción Militar
que terminó con su absolución de los delitos de quebrantamiento de
consigna y de cohecho por Sentencia dictada el 8 de octubre de 1971 por
el Consejo de Guerra celebrado en la causa 58/1970.
La expulsión se debió, según consta en la resolución que la acuerda, a
que el recurrente carecía de las condiciones mínimas indispensables para
seguir en el Cuerpo de la Guardia Civil según la legislación entonces
vigente. Dicha resolución fue notificada al interesado en su momento, al
tiempo que se le hizo saber que contra ella no cabía recurso contenciosoadministrativo
por excluirlo la Ley de 30 de julio de 1959.
No obstante, el Tribunal Supremo determina que el recurrente: «después
de haberse mantenido pasivo durante tantos años, antes y después
del 29 de diciembre de 1978, no puede pretender revisar ahora lo que ha
venido consintiendo», y ello porque «la actitud pasiva que ha observado
a lo largo de muchos años ha hecho que aquella actuación administrativa
ganara firmeza. Esto significa que la inadmisión por el Ministro de Defensa
del recurso ordinario fue correcta y que también lo es la Sentencia de
la Audiencia Nacional cuya casación pretende».
Se une a los anteriores razonamientos el hecho de que: «conforme al
artículo 79 de la anterior Ley de Procedimiento Administrativo, las notificaciones
practicadas personalmente al interesado y que contuvieran el
texto íntegro del acto, como fue el caso, surtirían efecto por el transcurso
de seis meses, aunque hubieran omitido otros requisitos, siempre que el
interesado no hubiera efectuado protesta formal en ese plazo en solicitud
de que se rectificara la deficiencia. Precepto que también decía que las
notificaciones defectuosas surtirían efecto desde que el interesado realizara
actos que implicasen su conocimiento. Pues bien, no hubo protesta y,
en cambio, de los propios escritos del Sr. V. se desprende el conocimiento
que en todo momento tuvo de su situación».
OFICIAL GENERAL, PASE A LA SITUACIÓN DE RESERVA.
STS, Sección Séptima, de 21 de septiembre de 2006. recurso ordinario.
La demanda interpuesta frente al Real Decreto por el que acordaba el
pase a la reserva ejercita dos pretensiones: la nulidad del Real Decreto
impugnado y la condena a la Administración demandada a que abone al
recurrente las diferencias de haberes existentes entre los percibidos en la
situación de reserva y los que le habrían correspondido de no haber pasa-
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