REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO MILITAR Nº 88 JULIO ...

Para la admisión de recursos contra la resolución de lanzamiento será
requisito previo la consignación de las cantidades adeudadas y del recargo,
en su caso».
El procedimiento de desahucio que se regula por impago del canon
arrendaticio, previsto en el artículo 10.1.a) de la Ley 26/1999, se configura
como un procedimiento rápido, impregnado del principio de celeridad
en la tramitación previsto en el artículo 74.1 de la LRJPAC, siendo su particularidad
más relevante la ausencia tanto del pliego de cargos como de la
propuesta de resolución. Es decir, que en estos casos, advertida la situación
de deuda de canon o servicios repercutibles por periodo de tres meses
(o superior), se procederá al oportuno requerimiento de pago para que, en
el término de ocho días, el interesado satisfaga la cantidad adeudada, apercibiéndole
de lanzamiento si no lo hiciere.
Transcurrido el plazo señalado sin que se verificare el pago de la totalidad
de la deuda, por el titular del Instituto se acordará la resolución del contrato
y el lanzamiento de los ocupantes, que se llevará a efecto una vez transcurridos
quince días desde la notificación, a no ser que antes se satisfaga el
total importe adeudado, incluido el recargo al que se ha hecho referencia.
En este sentido, el párrafo segundo de la causa primera del citado artículo
138, señala que «Se podrá imponer un recargo del 10 por 100 del
importe de la deuda si dictada la resolución decretando el desahucio el
moroso paga las cantidades debidas y evita que se lleve a efecto el lanzamiento.
En los casos de reincidencia dicho recargo podrá ser multiplicado
por el número de veces que el beneficiario haya dado lugar a decretar
el desahucio».
De la lectura de los preceptos transcritos, no cabe sino extraer que al
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas le asiste la facultad de
incrementar, en la resolución del expediente de desahucio, y por un 10%,
el montante del principal de la deuda que haya sido objeto de un primer
requerimiento de pago que hubiere sido desatendido, correspondiente éste
a tres mensualidades.
Dicha facultad asiste al Instituto desde el primer momento, es decir,
que ya en un primer expediente de desahucio en el que se haya requerido
al interesado para que satisfaga la deuda en cuestión, de no verificar lo instado,
se podrá dictar resolución en la que se acuerde la resolución del contrato
salvo que en el plazo de quince días a contar desde la notificación de
la citada Resolución, satisfaga el importe de la deuda, incrementada en el
porcentaje que se ha señalado con anterioridad.
Archivado el primer procedimiento de desahucio, por la solución de la
deuda, de producirse una nueva situación de impago que mereciere la incoa-
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